POR ERICA GUZMAN
SAMANA.- La seccional del Colegio de Abogados de esta provincia favoreció que el Código Procesal Penal sea sometido a una revisión para endurecer aspectos claves, como la prisión preventiva y la reincidencia en los actos delictivos, que se han incrementado en el país.

El doctor Francisco Fernando Fernández, secretario general de la entidad, sostuvo que el instrumento normativo resulta muy avanzado para el sistema jurídico nacional, que debe estar acorde a la realidad dominicana.

El jurista observó que los organismos encargados de la aplicaciónn de esa legislación, como la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y los auxiliares, no se percataron de los alcances del Código, para ponerlo en ejecución de manera precipitada.

Entiende que no fue preparado ni capacitado el personal comisionado para la aplicación de la pieza jurídica, que a su juicio ha ocasionado lagunas procesales y errores de procedimiento.

Me refiero a aspectos que tienen que ver con las garantías procesales, especialmente las garantías individuales y los derechos individuales de las personas, significó Fernández.

De acuerdo al abogado penalista, cuando una persona es sometida dos veces consecutivas por un mismo delito, hay que tomar en cuenta que procede inmediatamente la prisión.

Es el ejemplo de Samaná, donde hay gente que en un mes ha sido sometida tres y cuatro veces, y están en libertad cometiendo más fechorías, apuntó.

Por supuesto que hay garantías para los delincuentes. Por eso la Policía se cruza de brazos; no actúa a no ser que se trate de un caso en flagrante delito, que son hechos excepcionales, añadió.

Manifestó que la revisión procesal debe también establecer un período de tiempo más prolongado, que permita al Ministerio Público investigar minuciosamente una agravante relacionada a un hecho delictivo.

Se hace énfasis en reunir las pruebas suficientes de un hecho en corto tiempo para enviar la persona a juicio, y por eso los expedientes se caen en el camino, porque los fiscales en nuestro país tienen pocos medios de investigación, poca logística, explicó el directivo del Colegio de Abogados.

Añadió que dentro de las medidas que contempla el Código, los organismos de seguridad del Estado deben dar seguimiento a los criollos deportados del exterior, debido a las modalidades delictivas que se vienen implementando en el país, como los secuestros y crímenes aberrantes.