POR MARIO MENDEZ
Antes del gobierno iniciar grandes obras con financiamiento externo, debiera completar el saneamiento de las finanzas públicas, se opinó ayer en círculos económicos.

De acuerdo a lo planteado, el modelo de financiar obras con endeudamiento externo ya parece agotado, y el gobierno no debiera volver a concertar préstamos para grandes obras sin que previamente se complete el saneamiento de las finanzas públicas, la economía vuelva a alcanzar niveles significativos de crecimiento y el Estado esté en capacidad de obtener niveles de ingresos que les permitan asegurar el servicio de la deuda externa vigente y de los préstamos que se puedan concertar en el seguro.

Según se explicó, el país debiera pensar por el momento en volver a las fórmulas ortodoxas.

Se recordó que en sus doce años, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer mantuvo muy limitado el nivel de endeudamiento y que en gobiernos posteriores se endeudó para pequeñas obras, pero los grandes proyectos los financió con recursos internos.

Sin embargo, se indicó que en los últimos años hubo una política agresiva de contratación de préstamos y se cambió el perfil de la deuda externa, lo cual obligará al gobierno a destinar una mayor proporción del presupuesto al pago del servicio de esa deuda.

«Esto ha comenzado a ejercer presiones muy fuertes sobre las finanzas públicas», se indicó.

Se explicó que el momento requiere de mucho cautela en la concertación de nuevos préstamos, ya que el país tiene retos por delante que obligan a nuevos ajustes fiscales.

Entre esos retos, se señaló el desmonte de los aranceles a que obligarían los tratados de libre comercio, los cuales obligarían a reformas tributarias que permitan compensar los ingresos dejados de percibir por la entrada en vigencia de esos tratados.

Además, se planteó que también habrá que dar una respuesta fiscal a la necesidad de eliminar una serie de impuestos que quitan competitividad a la economía, como la comisión cambiaria del 13 por ciento a las importaciones.

A eso se sumará, según se explicó, la presión sobre las finanzas públicas que ejercerán las demandas para aumentar el gasto social.