POR CARMEN MATOS
El experto inglés Stephen Nathan, con 25 años de experiencia en materia penitenciaria, advirtió ayer que sólo se ha mostrado una cara de la moneda en lo referente al modelo de concesiones penitenciarias que descansa en el Congreso Nacional, por lo que las autoridades del país deben de “hacer su tarea” e investigar las consecuencias que el sistema ha tenido en varios países de América Latina.  

El director de ILANUD, por su parte, se expresó en términos similares sobre el tema.

Nathan adujo que si se logra una alianza entre el estado y sector privado en materia carcelaria, se pondría en riesgo la transparencia y funcionamiento de todo el sistema.

“Es importante que antes de que el gobierno proceda con un sistema de concesiones,  estudie todas las implicaciones del financiamiento privado en las cárceles y el impacto que pudiera tener para la economía del país”, sostuvo.

En ese sentido se expresó también el director Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, quien declaró que la privatización de las prisiones representan un desastre para el país, “porque la experiencia en todos los países demuestra que ello afecta al resto del sistema”.

Consideró que la situación penitenciaria nacional ha ido avanzando muy bien, por lo que continuar con el proceso iniciado sin desviaciones es el principal desafío que enfrenta el país en esa materia.

Aunque a su juicio el hacinamiento y la falta de infraestructura son los principales problemas que afectan al sistema carcelario, dijo que “el proceso va muy bien encaminado”.

“La realidad de lo que falta por hacer es mucha, lo mismo que para el resto de los países de la región, pero otros no han dado los pasos que ya dio República Dominicana”, agregó.

En su intervención, Carranza afirmó que si se llegara a introducir una cárcel privada dentro del sistema, deterioraría al resto de la estructura, por las condiciones de alta densidad poblacional, política de privilegios para un reducido grupo de personas y altos costos que representaría para el estado.

Ambos hablaron ayer durante una mesa consultiva sobre el modelo de concesiones penitenciarias que organizó la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el encuentro, intervinieron además el director de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), Roberto Santana, Alejandro Montás, presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y Ángel Castillo, procurador General interino.

En la actividad, continuaron las discusiones que iniciaron la semana pasada los 19 expertos internacionales que participaron del seminario sobre Reforma Penitenciaria en América Latina y el Caribe, en esta ocasión, con el tema de las concesiones.

Hasta el momento, los debates descartan la propuesta externada por el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien en declaraciones recientes favoreció que el sector privado se involucre en la construcción de edificaciones carcelarias, tras considerar que el estado no cuenta con los recursos suficientes para ello.

La propuesta de Peña incluye que las constructoras se encarguen de la administración de los servicios de salud, educación y alimentación, como una compensación, mientras que el estado dirige el control y seguridad de los mismos.

La oficial del Programa “Unidad y Pobreza” del PNUD,  Paola Caram, quien también estuvo en el evento, dijo que a menudo, los modelos de concesiones se presentan como una necesidad para el crecimiento y desarrollo de las naciones, por el supuesto de que reducen los riesgos de corrupción y mal uso de los recursos del estado.

Declaró que la dirección del país dentro del proceso de reforma carcelaria se centra en la formulación de estrategias innovadoras para mejorar el sistema penitenciario nacional satisfaciendo las necesidades de la población recluida mediante el fortalecimiento, eficientización y modernización del sistema de acuerdo a los parámetros internacionales.

“Estamos convencidos que la inversión en obras de infraestructura pública y servicios que mejoren el sistema penitenciario dominicano y fomenten los derechos humanos en las prisiones del país, contribuyen de manera directa con el crecimiento económico y desarrollo de la República Dominicana”, concluyó Caram.

Durante la actividad, el Coordinador Nacional de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson leyó unas palabras de agradecimiento  a los organismos internacionales presentes en la mesa de discusiones.