Cada vez necesitamos más agua y cada vez tenemos menos de ese recurso natural, vital e insustituible. La República Dominicana está entre los países latinoamericanos que más agua desperdicia y que más ha dañado las fuentes de origen y conservación de este elemento. Y está, por ocupar una isla en pleno Caribe, entre los territorios más amenazados por las consecuencias del calentamiento global y el aumento del volumen de los mares por causa del deshielo en los polos.
Nuestra investigadora Minerva Isa, en una serie de trabajos que inició ayer, expone con dramatismo los daños que hemos estado causando a los ecosistemas, hasta llegar a estos tiempos, cuando nuestras disponibilidades de agua están bastante mermadas. Ríos que han desaparecido, cauces devastados por la extracción de materiales, tala de árboles, contaminación de los ríos y otras obras del hombre, han ido eliminando sin tregua ni cuartel especies de flora y fauna.
El cambio climático, que es una amenaza real y actual, magnifica los daños ambientales que hemos causado. Hace falta adoptar políticas muy serias y drásticas para detener la degradación ambiental, tratar de recomponer parte de lo dañado y devolverle verdor a montañas y valles. Cada vez disponemos de menos agua y cada vez necesitamos más. Ecuación de vida o muerte.
ATENCIÓN PARA LOS ENVEJECIENTES
Las políticas de Estado en cuanto a los envejecientes se han quedado cortas y no garantizan atención a aquellas personas que, por avanzada edad, más la necesitan. Esa es la situación por lo menos 400,000 personas mayores de 60 años, que carecen de seguro médico. Forman parte de por lo menos un millón de envejecientes que tiene el país y de los cuales más de 600 mil carecen de ingresos económicos fijos, según consta en datos estadísticos sobre esta materia.
Este cuadro refleja una severa distorsión de las políticas del Estado en materia de seguridad social. Las políticas de atención médica y prevención deberían favorecer con preferencia a los segmentos demográficos más necesitados, y este es el caso de las personas de avanzada edad, no elegibles para trabajo remunerado y con trastornos de salud. Se necesita mejor cobertura social para los envejecientes.