WASHINGTON (AFP).- El suicidio de tres prisioneros en la base naval de Guantánamo, Cuba, resalta la posición insostenible del gobierno del presidente George W. Bush, que se esfuerza cada vez más en justificar la detención sin juicio de cientos de “combatientes enemigos”.

La mayoría de los 460 detenidos en Guantánamo fue capturado en Afganistán a fines de 2001 y llegaron al abrirse el campo en 2002. Ellos tuvieron que esperar hasta fines de 2003 para que un juez federal estadounidense les reconociera el derecho a tener un abogado. Sólo 10 prisioneros han sido inculpados de algún cargo, pero ninguno ha sido juzgado.

Estos hombres “son asesinos entre los más entrenados y feroces del planeta”, aseguró el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, cuando se abrió el campo en enero de 2002.

“Ellos son astutos, creativos, resueltos. No tienen ninguna consideración por la vida, la nuestra o la suya, y pienso que no se trata de un acto desesperado, sino de un acto de guerra”, insistió este sábado el contralmirante Harry Harris, comandante de la base naval estadounidense en Cuba.

Pero este mensaje tiene dificultades para ser aceptado en el concierto internacional. El primer ministro británico, Tony Blair, el más estrecho aliado del presidente Bush, ha repetido que el campo es “una anomalía” y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha exigido su cierre.

Las imágenes de detenidos con uniforme naranja, con la cabeza cubierta con una capucha, esposados y encerrados en jaulas donde permanecieron varios meses antes de la construcción de instalaciones sólidas, dieron la vuelta al mundo.

Asimismo, los relatos de numerosos abogados de los detenidos, así como los testimonios de los detenidos liberados, cuentan que ellos fueron golpeados, torturados y humillados.

El ejército estadounidense asegura que las condiciones de detención son “humanas” y los abogados estiman que las técnicas de interrogatorio han mejorado. Sin embargo, el agujero negro jurídico en que están los detenidos sigue abierto.

Casi 10% de los detenidos sufre problemas mentales graves y muchos otros reciben tratamiento antidepresivo, lo que no ha impedido decenas de intentos de suicidio, reconoce el ejército.

Luego de haber defendido el campo con dientes y uñas en nombre de la “guerra contra el terrorismo”, el presidente Bush hizo saber hace algunas semanas que su gobierno buscaría una solución.

“Deseamos ver (Guantánamo) vacío”, aseguró el viernes el presidente estadounidense, al explicar que estaban en curso las discusiones con los países de origen de los detenidos para organizar su repatriación. Sin embargo, repitió que algunos de esos hombres eran peligrosos y que no debían ser dejados en libertad.

“Guantánamo se ha convertido en un enorme problema político para nosotros”, declaró el domingo en la cadena NBC el general retirado Barry McCaffrey, quien estimó que su país ha fracasado en “encontrar un medio para cerrar” el campo.

Varios cientos de detenidos ya han sido liberados, la mayor parte de ellos enviados a sus países sin que existiera ningún cargo contra ellos. Hoy Estados Unidos insiste en su voluntad de juzgar a la mayoría de los prisioneros que permanecen en el campo.

La Corte Suprema estadounidense debe pronunciarse en las próximas semanas sobre la legalidad de los tribunales militares de excepción creados por el presidente Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para juzgar a los “combatientes enemigos”.

A fines de 2001, durante los arrestos masivos en Afganistán, el gobierno norteamericano instauró este procedimiento para evitar llevar a los detenidos ante tribunales civiles, debido principalmente al carácter limitado y clasificado de los elementos de prueba.