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SAO PAULO, Brasil (AP).-Una de las más notorias pandillas de Brasil lanzó ayer, domingo, otra andanada de ataques repentinos al estilo de guerrillas urbanas contra instalaciones policiales y llevó a 52 el número de muertos por la violencia en dos jornadas que expusieron el grado de organización de los delincuentes en el estado más rico del país.
Al mismo tiempo, las autoridades informaron sobre un reguero de rebeliones en presidios. Sólo el domingo estallaron 39 motines en otras tantas prisiones en el estado, cuyo tamaño es equivalente al de Francia y su población es de cerca de 40 millones.
Con este último número, los motines carcelarios habían afectado a 57 penitenciarías desde el viernes por la noche, más de un tercio de las 144 prisiones en toda la región.
Los presos retenían a 260 rehenes. Con la racha de ataques y el número de víctimas, la violencia parecía alcanzar la escala de Bagdad, la asediada capital iraquí donde el domingo murieron 26 personas.
Los ataques y motines fueron coordinados por el grupo criminal Primer Comando de la Capital para que sucedieran casi simultáneamente, según las primeras interpretaciones de las autoridades.
Los ataques aparentemente fueron en respuesta a la transferencia e incomunicación de cabecillas del PCC dispuestos por las autoridades para impedir reuniones entre presos y pandilleros que se encontraban en libertad. Su magnitud fue tal que los diarios calificaron los episodios como una «guerra urbana. Había ocho cabecillas del PCC entre los 765 presos transferidos a una remota cárcel de máxima seguridad en el extremo occidente del estado de Sao Paulo. Entre los cabecillas estaba Marcos Williams Herbas Camacho, de 38 años, uno de los líderes del PCC.
La oficina de prensa del gobierno dijo que el PCC llevó a cabo por lo menos 100 ataques el viernes, sábado y domingo que dejaron 35 policías muertos, la novia de uno de ellos, dos transeúntes y 14 presuntos pandilleros.
Los ataques y tiroteos también dejaron 50 heridos _36 policías, ocho transeúntes y seis sospechosos_ dijo la oficina de prensa del gobierno estatal.
Por lo menos 16 sospechosos fueron detenidos. Las autoridades dispusieron el máximo grado de alerta policial y el gobierno federal dijo que se aprestaba a brindar ayuda.
Mientras las autoridades del estado aún no deciden si aceptan la participación federal, el despliegue de las bandas criminales se constituía en el mayor desafío criminal en todo Brasil y exhibía la vulnerabilidad de las fuerzas policiales para frenarlo.
Policías con chalecos antibalas instalaron retenes en diversos lugares de la ciudad donde registraban vehículos en busca de armas. Barreras colocadas frente a las comisarías impedían que se acercaran peatones o vehículos. La televisión mostró varios patrulleros policiales acribillados y las ventanas rotas de una comisaría atacada.
