La celebración de elecciones calificadas sin reservas como exitosas por la Junta Central Electoral, y cuyas cifras preliminares han sido recibidas con aprobación, alivio y conformidad hasta en los ámbitos políticos menos favorecidos, depara al país un progreso institucional de significación histórica más allá de banderías. Los resultados de la justa del domingo representan en primera lectura un desagravio para la sociedad golpeada por la interrupción vergonzosa de las votaciones del 16 de febrero, de la que nació una vibrante indignación colectiva presidida por jóvenes de un sorprendente protagonismo, contagiando a muchos votantes. Tras el fracaso previo, no esclarecido todavía, comienza a renacer la confianza en el desempeño de los organismos electorales contra vicios y debilidades del pasado.

Queda vigente para los liderazgos la obligación de preservar la cota alcanzada en la consulta popular caracterizada por el civismo de una mayoría ciudadana. No se les pide renunciar a los recursos que corresponda elevar para dejar atrás cada duda sobre resultados del escrutinio antes de llegar a la declaración definitiva de ganadores que no debe demorarse. Nada impediría a los competidores el reclamo de establecer exactitudes en anticipación al reconocimiento de triunfos aunque sería inadmisible sumir a la nación en prolongadas discrepancias postelectorales atadas a usuales incapacidades de aceptar derrotas.

En jaque por del coronavirus

Es hora de prudencia y firmeza en la conjunción de esfuerzos privados y gubernamentales ante un enemigo común microscópico, evasivo e impredecible ante el cual procede exagerar las prevenciones a la espera de que la ciencia descifre los misterios del virus del Covid-19 para que la humanidad -no solo República Dominicana- salga airosa del desafío a la salud colectiva.

El relativo control sobre la peste que se extiende y que comienza a registrarse en China y Corea del Sur es, en buena parte, atribuible a la fuerza de medidas contra el contagio mediante restricciones a contactos entre humanos y la respuesta disciplinada de habitantes de esas naciones. Las barreras que a partir de ahora levanten autoridades dominicanas al discurrir de ciudadanos podrían resultar una de las opciones disponibles de obligado cumplimiento.