Soila Paniagua 
Alejandro Fernández, analista financiero. Fuente externa
La Superintendencia de Bancos advirtió ayer sobre el impacto negativo que tendría en más de un millón 900 mil usuarios del sistema financiero el borrar el historial crediticio de deudores afectados por la crisis generada por el covid-19.
Desaconsejó la promoción de políticas públicas que promuevan una amnistía crediticia, borrando el historial crediticio de deudores afectados por la pandemia covid-19.
“Los efectos de estas moratorias crediticias generales erosionarían la base de fondeo de las entidades de intermediación financiera, desincentivando el ahorro y, potencialmente, generando desconfianza en la moneda nacional”, advirtió el organismo regulador en un comunicado.
Afirmó que “borrar el historial crediticio de las personas afectaría a todos los usuarios del sistema. Tanto a los que se han sacrificado para continuar honrando sus créditos, cerca de 1.6 millones, como a los que están en condición de morosidad, unos 317 mil”, dijo.
La entidad que dirige Alejandro Fernández, aseguró que son los depositantes quienes tendrán que sacrificar sus ahorros para financiar parte de la crisis generada por la pandemia.
Explicó que la propuesta de eliminar el historial crediticio de deudores afectados por la crisis generada por el covid-19 sería más perjudicial que beneficiosa, ya que eliminaría informaciones necesarias para la evaluación de riesgos de las empresas de intermediación financiera.
Según la entidad, esa pretensión también tiene el potencial de incentivar un comportamiento más riesgoso de los deudores con peor capacidad de pago.
“Al mismo tiempo, aumenta el riesgo de que las entidades terminen otorgando préstamos a mayor costo y de mala calidad, producto de la falta de información confiable”, dijo.
Agregó que eso elevaría los niveles de morosidad en el futuro, ocasionando un deterioro en la calidad de las carteras de crédito.
También planteó que “si la amnistía crediticia propone la condonación de deudas, atenta contra el ahorro nacional”.
“La condonación crediticia de algunos terminará pagándose con los ahorros de los depositantes y el patrimonio de las entidades”, explicó la SB. Sostuvo que las condonaciones de deudas atentan contra la libertad contractual.
