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La Superintendencia de Electricidad acreditó durante el pasado enero un monto de RD$8,193,202.41 a usuarios que presentaron sus reclamaciones a las oficinas del Departamento de Protección al Consumidor (PROTECOM), de la Superintendencia de electricidad, ubicadas en las principales ciudades del país.
Según un informe del organismo, la Distribuidora de Electricidad del Norte, Edenorte es la empresa que más debe acreditar a sus abonados, reembolsando en créditos un total de RD$4,168,248.68. Agrega que a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, Edesur, también le corresponde devolver la suma de RD$2,289,330.76 y a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, Edeeste acreditará, RD$1,735,622.97.
Según establece la Ley 125-01, las distribuidoras están obligadas a devolver en créditos en las facturas de los usuarios que presentaron sus quejas por el alto consumo, medición, cambio de tarifa, cortes irregulares, comercial o que resulten procedentes.
Desde agosto del año 2004 a enero del 2007, la Superintendencia ha reajustado a favor de los usuarios RD$423,361,892.48, siempre de acuerdo al informe. El organismo ratifica su compromiso de hacer cumplir lo que establece la ley 125-01 y el reglamento de energía eléctrica de protección al consumidor.
El mayor número de reclamaciones se recibieron en la oficina de la Plaza Metropolitana, con un total de 747, devolviendo a los usuarios un monto RD$2,691,770.74, seguidos de Protecom Ozama en la provincia de Santo Domingo en la cual acreditaron un monto de RD$701,549.46 y en las oficinas de la provincia de Santiago un total de RD$3,032,013.03, afirma el informe. Añade que también en San Pedro de Macorís $153,147.09, en La Romana RD$259,059.03, en San Francisco de Macorís $296,482.54, en Puerto Plata $28,422.09 y en La Vega $275,812.92- De igual modo, en Valverde $5,757.55, en la oficina Mella RD$35,389.54, en San Cristóbal $121,969.83, en San Juan de la Maguana $20,477.30 y en Azua $41,590.74.
La Superintendencia de Electricidad llama a los usuarios que se sienten afectados por medidas en su contra de parte de las distribuidoras, a dirigirse a sus oficinas de protección al consumidor en las principales provincias del país.
