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POR EVARISTO RUBENS
La Superintendencia de Electricidad debe ordenar la licitación del 50% de la demanda actual de energía eléctrica, consideró el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El ingeniero José Moreno San Juan indicó que eso debe hacerse en base al artículo 110 de la Ley 125-01, otorgando un plazo máximo de 60 días, licitando de inmediato a entrega de electricidad al futuro para la demanda proyectada a 2, 4 y 6 años.
«Licitando siempre el 50% de la demanda en contratos por dos años, estableciendo valores-techos de precios permitidos para ser válidas las ofertas», agregó.
Moreno San Juan expuso en el seminario sobre la crisis del servicio eléctrico y soluciones, auspiciado por el Instituto de Energía de la UASD.
Opinó, además, que el manejo administrativo de las empresas del sector eléctrico, conforme a la Ley 125-01, debe ser supervisado para que no se vuelvan a acumular deudas.
Dijo, además, que hay que sanear al sector para lo cual es preciso revisar y conciliar todas las cuentas de esa área, antes de proceder al pago de las deudas.
Agregó que eso se debe hacer en base a la racionalización técnico-económica del origen de las deudas.
Moreno San Juan manifestó que luego de sanear las deudas, el sistema requerirá de unos US$300 millones, incluyendo el monto requerido para recoger las deudas viejas de los IPP`s.
Indicó que la Superintendencia de Electricidad debe trazar las pautas al organismo coordinador, para que actúe con la racionalidad económica que amerite la situación de la fase inicial.
Expresó que se debe evaluar la transacción económica de la recompra de las Empresas de Electricidad del Sur y del Norte (Edesur y Edenorte), aplicando lo contemplado en la Ley 125-01 para retener su propiedad en manos del Estado en su valor justo.
Además, proceder con el caso de la Empresa de Electricidad del Este (EDE-Este), de acuerdo a lo que establece la Constitución sobre monopolios, indemnizando a AES Corp., en el valor justo de su inversión y aplicando el artículo 99 de la referida ley para proceder a la recuperación económica.
Señaló que hay que abandonar la capitalización y la privatización como paradigma, explorando modelos mixtos como el actual, que se ha considerado funcional, si se mejora la acción regulatoria del Estado y la actuación profesional y ética de los funcionarios estatales.
