El superintendente de Electricidad, ingeniero Eduardo Quincoces, lanza su figura a la opinión pública con una propuesta inoportuna, entreguista, cobarde, anti patriótica y distante de la realidad vivida por los dominicanos en materia eléctrica.

Quincoces propone la venta de las tres distribuidoras de electricidad, propiedad de los dominicanos y a la vez la desintegración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE. Esta propuesta coincide con las desmedidas ambiciones de algunos agentes del sector privado, que además de procurar la eliminación del brazo social y más humano del sector eléctrico, esto es, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana UERS, también accionan para que en el marco de las negociaciones del Pacto Eléctrico les sea entregada la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana EGEHID y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED.

Que buitres del sector privado procuren desarticular el aparato público, es entendible aunque inaceptable, pero resulta muy cuestionable que un funcionario público se preste para fungir como vocero de un plan macabro contra los intereses de la nación, peor aún cuando se trata de uno de los miembros del grupo exclusivo de empleados gubernamentales que disfrutan de mayor nivel salarial.

El espinoso camino que el superintendente de electricidad quiere que República Dominicana recorra, ya es un laberinto conocido por el país y de consecuencias terribles para la nación. Por así decir, antes del proceso de reforma del sector eléctrico que entregó el cincuenta por ciento de las acciones de las Distribuidoras de Electricidad al sector privado, el déficit que debía cubrir el Estado dominicano en esas empresas rondaba los 150 millones de dólares al año, sin embargo, luego de transitar una ruta similar al que hoy propone el ingeniero Eduardo Quincoces, superintendente de Electricidad, los dominicanos debemos buscar cada año aproximadamente mil 500 millones de dólares.