San Juan.- La junta de supervisión fiscal establecida por el Congreso de EE.UU. para afrontar la crisis financiera de Puerto Rico aprobó hoy subir las tarifas del agua y liquidar el Banco Gubernamental de Fomento, brazo financiero del Gobierno.

Así se anunció hoy en la séptima reunión pública de la Junta en Nueva York, que también decidió dar luz verde a un plan de carreteras enmendado.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

De ahí surgió la ley Promesa, que establece la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda.

En la cita de hoy, la junta supervisora ordenó llevar a cabo varias enmiendas a los planes de las corporaciones públicas, además de certificar un plan para el Banco de Fomento, que prevé que la entidad financiera estatal termine sus operaciones.

La junta aprobó, con enmiendas, los planes fiscales de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Le dio a la Autoridad de Energía un plazo de hasta 60 días para presentar los pasos a seguir que permitan reducir las tarifas eléctricas a 21 centavos por kilovatio; mientras a la de Acueducto le solicitó que presente en 30 días un plan de 5 años de revisión de tarifas.

Y a la Autoridad de Carreteras le ordenó presentar en 30 días un nuevo plan que demuestre la fortaleza de sus activos en su red de vías, medios de transporte masivo y el tren urbano de San Juan.

En la reunión también se estableció que en cualquier momento se convocará un encuentro extraordinario para autorizar recurrir al título III de la Ley Promesa, con el fin de iniciar un proceso de quiebra para atender la deuda de la isla.

La cita se celebró a falta de dos días para el fin de la moratoria que “congela” las demandas de los acreedores de una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares contra el Gobierno de San Juan, lo que significa que el lunes el Ejecutivo puertorriqueño podrá empezar a ser objeto de procesos judiciales encabezados por los tenedores de bonos.

Evitar esos procesos judiciales que supondrán demandas millonarias para el Ejecutivo de San Juan es el motivo por el que se propone recurrir al título III de Promesa. Según el presidente de la junta supervisora, José Carrión, la jefatura del Departamento del Tesoro de EE.UU. descartó que en el Congreso en Washington se quiera promover alguna medida para aplazar el uso del título III.