POR ROSA ALCANTARA
El suplente a miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Jorge Eligio Méndez Pérez, advirtió ayer que está en disposición de aportar, al menor requerimiento y ante cualquier escenario, las pruebas irrefutables que sustentan su cuestionamiento público a la situación operativa de las oficialías del estado civil.

De su lado, el suspendido oficial del estado civil de la Duodécima Circunscripción, Luis Felipe Rodríguez, dijo que no ha violado ninguna disposición legal o de procedimiento con sus denuncias y expresó que tiene pruebas de su posición y reclamos.

Rodríguez consideró que lejos de la JCE buscar inspectores para incriminarlo o solicitar pruebas que demuestren sus aseveraciones, el tribunal debería concentrarse en buscar alternativas de solución  para sanear el registro civil cuyo desastre, manifestó, ha colocado a una gran parte de la población al borde de la más grande miseria humana.

«Solicito que el pleno me escuche y me permita exponer mis argumentos sobre todo cuanto se ha dicho, a los fines de que puedan ustedes ponderar, al margen de los medios, el valor humano de mis posiciones», dijo.

En tanto, Méndez Pérez ofreció su experiencia en materia de inspección para contribuir desinteresadamente a la ejecución de planes concretos para la renovación de esfuerzos hacia la fase de capacitación y entrenamiento de recursos humanos, en aras del fortalecimiento de la vigilancia y control de las Oficialías del estado civil.

Ambos enviaron sendas comunicaciones a los jueces electorales, en respuesta a una intimación para que presentaran pruebas de sus denuncias sobre la situación en que se encuentran las oficialìas de estado civil.

Méndez Pérez había dicho que tenía conocimiento que la mayoría de los jueces de la JCE se rifan las oficialías de estado civil, mientras Rodríguez ha expresado que históricamente las oficialías han servido para enriquecer a los oficiales de estado civil.

Méndez Pérez sostuvo que el grado de deterioro del registro civil es una realidad que no puede taparse con la emotividad ni con la debilidad de insulsa confrontación que procura la personificación centrada en intereses determinados «pues cuando decimos que hay algunas oficialías del Estado Civil gerenciadas por cercanos colaboradores, afines, colaterales, cónyuges o familiares de algunos miembros titulares de la JCE, es una verdad innegable que reposa en la misma nómina de funcionarios y empleados de la JCE, por lo que resulta extraño que teniendo la institución dentro de su base de datos la información requerida procure pruebas de denuncias que reposan en su interioridad».

Subrayó que está en disposición de presentar las pruebas que están exigiendo los jueces de la JCE ante los tribunales que resulten competentes, si lo creen necesario, para conocer de las acciones judiciales que dentro de la personalidad de la persecución se pudieren incoar contra él, “así como las acciones derivativas que pueda incoar, solo personalmente, contra cualquier persona, en particular que bajo la apologética judicial puede al mismo tiempo interponer, no contra la JCE, sino contra aquel que ejerza acciones en su contra”.

«No albergo ningún ánimo de animadversión contra ningún miembro titular de la JCE; al contrario con dominio sustanciado en el espíritu asumimos nuestra postura con la seriedad debida y con la mejor intención de colaborar hacia una correcta solución de convergencia dinámica a una realidad reconocida públicamente por los propios jueces electorales», subraya Méndez Pérez en la comunicación de fecha 4 de octubre del 2005, dirigida al presidente de la JCE, Luis Eladio Arias Núñez; al presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez y al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos.

RODRIGUEZ

De su lado, Rodríguez en su carta dirigida al pleno de la JCE de fecha 10 de este mes, expresa como respuesta o pruebas de sus denuncias sobre el estado de las oficialías, que no ha violado ninguna disposición legal o de procedimiento administrativo al reclamar que a los Oficiales del estado civil se les asigne un sueldo para que los dineros producidos por las Oficialías dejen de engrosar los bolsillos de los oficiales.

 «Si de ello se precisa prueba, mi confesión suple cualquier duda al respecto», sostiene.

Dijo que tampoco ha violado disposición legal o de procedimiento administrativo, al proponer que los servicios que brindan las oficialías sean gratuitos, ya que las disposiciones de la Ley 892, constituyen una prueba fehaciente de que los oficiales, incluyéndose él, han estado obrando al margen de la Ley y con tal violación han comprometido su responsabilidad civil y penal.

«Lamento que el pleno de la JCE haya mal interpretado nuestras preocupaciones y que como superiores jerárquicos, hayan optado por impedir la implementación de los trabajos, los cuales siempre dije a la opinión pública que los mismos constituían una aspiración del pleno de la Junta», subraya.

Dice lamentar que quien lo recomendó para el cargo, el juez Roberto Rosario Márquez, haya estado tan ocupado en otras cosas como para no poder explicarle al pleno de la JCE todas sus preocupaciones y sugerencias respecto al desorden que ha observado en el registro civil, por cuya razón tomó iniciativas que muchas veces implicaron gastos de recursos económicos propios en procura de servir de modelo.

Consideró que los planes de modernidad que sugiere el pleno de la JCE no son incompatibles con el saneamiento del registro civil y la solución del problema de las declaraciones tardías y que tampoco constituye la solución misma del problema.

«Durante los dos años que llevo en el desempeño de mis funciones, me he empeñado en hacer un trabajo decente en beneficio de mi comunidad. Si nuestra posición afecta intereses personales, no puedo más que lamentarlo. Pero mi deber como funcionario me obliga a decir, que la defensa de esos dos millones de dominicanos no registrados debe asumirse aún a costa del cargo y de cualquier otro riesgo personal», precisa.

Asegura que todo cuanto ha dicho corresponde a la verdad y expresa que en lo más profundo de sus conciencias, los jueces electorales saben que son justos sus reclamos.

«Aun estamos a tiempo para enfrentar el problema con éxito», proclama Rodríguez.