A 15 días de que la defensa de los cinco venezolanos, acusados de introducir al país 339 kilos de cocaína en una avioneta por el aeropuerto de Punta Cana, pidiera a la Suprema Corte de Justicia declinar a otra jurisdicción el caso que es llevado en La Romana, el pleno aún no se decide, mientras los imputados guardan prisión sin tener una medida de coerción.

Los extranjeros fueron apresados el 25 de marzo y la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público fue rechaza por la jueza suplente de La Romana Aristilda Mercedes, alegando que hacía falta acta de registro oficial numerada, que daba legalidad al arresto en flagrancia.

Luego de varias recusaciones a jueces la defensa que encabeza el abogado Valentín Medrano pidió el cambio de jurisdicción argumentado que los jueces del Departamento Judicial del Este tenían una clara intención de enmendar el error del Ministerio Público al solicitar la medida.

Medrano asegura que los venezolanos son mantenidos en prisión ilegal y que esa equivocación podría hacer al país pasible de sanciones por violación a derechos fundamentales de esos extranjeros.