El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estuvo ayer a punto de salir de la cárcel gracias a una cautelar dictada por un juez del Supremo, que fue finalmente anulada por el presidente de ese tribunal, Antonio Dias Tóffoli.
La puerta de la celda en que Lula está recluido desde el pasado abril parecía abrirse ayer con una polémica cautelar dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello contra la posibilidad de que una pena sea ejecutada una vez confirmada en segunda instancia, tal como es el caso de Lula y de otras 196,300 personas en Brasil.
Mello se apoyó en un artículo de la Constitución según el cual una pena de prisión sólo se puede cumplir cuando sea firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como “tránsito en juzgado”, que supone el fin de todo el proceso de apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia.
Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada este año en una ajustada votación que acabó 6-5, contempla la posibilidad de que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia. Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia. La cautelar fue dictada a pedido del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta el próximo mes de febrero, lo que generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos condenados por corrupción.