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WASHINGTON. AFP. La Suprema Corte de Estados Unidos examina hoy la medida más controvertida de la reforma de salud impulsada por el presidente Barack Obama, en el segundo día de audiencias dedicadas al estudio de esta ley.
Los nueve jueces de la más alta jurisdicción del país iniciaron una sesión en una sala colmada, mientras afuera varios cientos de personas a favor y en contra de la reforma manifestaban entonando esloganes, canciones y plegarias, reflejando los cruces apasionados que suscita esta ley, ocho meses antes de las elecciones presidenciales.
Abby Hoffman, de 23 años, procedente de Carolina del Norte, espera que la Corte juzgue la ley de acuerdo con la Constitución, porque según ella «la salud es un derecho humano».
Por lo contrario, Diana Reimer, integrante del ultra conservador Tea Party de 65 años y oriunda de Pensilvania, afirma haber sido «criada para resolver (sus) propios problemas»: «No pido al gobierno que lo haga por mí».
Otros como la pediatra Margaret Flowers, a favor de una cobertura de salud universal , reclaman un «sistema tipo francés, que hable de salud. Aquí es exactamente lo contrario, aquí se trata de enriquecer a la industria de la salud», declara un presente.
La medida examinada por la Corte hoy obliga a todos los estadounidenses a contratar una cobertura de salud antes de 2014, so pena de sanciones financieras. El objetivo del gobierno de Obama es que 32 millones de estadounidenses hasta ahora sin seguro de salud empiecen a tener uno, y colmar un agujero presupuestario de 43.000 millones de dólares generado por las personas que no cuentan con cobertura médica.
La Corte, con tendencia conservadora y mayoría republicana (opositora), examina una demanda presentada por 26 estados, todos republicanos, y cuatro particulares, y debe determinar si esta medida clave del gobierno es contraria a la Constitución.
Paul Clement, el abogado de los estados demandantes alegará que la «ley amplía de manera espectacular la autoridad federal» e «impone nuevas obligaciones a todo el mundo, desde los estados hasta las compañías aseguradoras, desde empleadores privados hasta los individuos».
En nombre del gobierno de Obama, se prevé que Donald Verrilli alegue que esta disposición «para una cobertura mínima, entra perfectamente dentro de los poderes del Congreso».
