Guatemala, (EFE).- La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala revocó la pena de muerte dictada contra 53 reos, al considerar que se violó el derecho de defensa de los condenados, informaron hoy fuentes judiciales. «Fue una decisión colegiada de los magistrados de la Cámara Penal, al resolver procesos de revisión promovidos por el Instituto de la Defensa Pública Penal», dijo a Efe un portavoz de la CSJ.

Al revocar la pena capital, la Cámara Penal impuso a los reos beneficiados la sentencia de 50 años de prisión, la máxima establecida en la legislación guatemalteca.

En declaraciones al diario local Prensa Libre, el presidente de la Cámara Penal, César Barrientos, explicó que la decisión se basó en que los reos no tuvieron oportunidad de defensa debido a que «se violaron los principios del debido proceso», así como el Pacto de San José y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según Barrientos, el Estado de Guatemala no puede aplicar la pena de muerte basada en criterios de «peligrosidad social de los condenados», toda vez que eso sería «adelantarse a que éstos siempre serán peligrosos».

 La decisión benefició a 53 de los 54 reos condenados a la pena capital, la mayoría procesados por delitos de secuestro, asesinato y violación. Aún está pendiente que la Cámara Penal de la CSJ resuelva un recurso promovido a favor del último de los reos condenados a muerte, que de ser favorable dejaría al país sin casos de ese tipo.

«Lamentamos el dolor de las víctimas (…), pero el derecho penal debe de cumplirse», ya que la justicia universal «está por encima de la justicia nacional», señaló Barrientos.

Guatemala, junto a Cuba y los Estados Unidos, son los únicos países del continente americano que contemplan en sus legislaciones la pena de muerte como máximo castigo por delitos penales. Sin embargo, en este país centroamericano la aplicación de la pena capital está en suspenso desde el año 2000 debido al «vacío legal» que significa la falta de una definición sobre el indulto presidencial.

 En noviembre de 2010, el presidente Álvaro Colom, vetó una ley aprobada por el Parlamento por medio de la cual se restituía el indulto presidencial para que éste otorgara o denegara el perdón a los reos condenados a muerte.

Meses después, Colom envío al Congreso una iniciativa de ley para abolir de forma definitiva la pena capital, y en su lugar, como máxima sanción penal por delitos graves, establecer una «pena de prisión de alto impacto», que tendría una duración de 75 años inconmutables, la cual no ha sido conocida por los legisladores.

El presidente Otto Pérez Molina, quien asumió el cargo el pasado 14 de enero, respecto a la pena de muerte dijo durante su campaña electoral que respetaría la decisión de los tribunales sobre su aplicación. EFE