El Departamento Preventivo contra la Corrupción Administrativa citó para el martes a Marcelo Abreu Villavizar para interrogarlo en relación con el cobro de un presunto “peaje” a una empresa inglesa por una suma que oscilaría entre los nueve y diez millones de dólares.

La información la ofreció el licenciado Otoniel Bonilla, director de dicho departamento, tras recibir la visita del doctor Marino Vinicio Castillo, director de la Comisión Nacional de la Ética Ciudadana, quien le visitó ayer en la mañana para entregar anexos de documentos que había depositado horas antes en manos del funcionario.

Dijo que recibió instrucciones del procurador general de la República para que evaluara la denuncia hecha por  Castillo.

Bonilla explicó que tras recibir la denuncia decidió evaluar durante todo el fin de semana y que ha decidido formalizar acciones  “contra todo el que resulte implicado en este proceso”.

Indicó que el caso que se investigará trasciende las fronteras nacionales y que su departamento está en la mejor disposición de llegar hasta las últimas consecuencias.

“Hemos adoptado medidas formales de investigación a una de las personas que se mencionan en los documentos que nos han sido suministrados”, expresó. Señaló que se trata del señor Marcelo Abreu Villavizar para que comparezca a su despacho y suministre todas las informaciones que tenga y que se relacionen con el caso.

Expresó que Abreu es beneficiario de una decisión judicial sobre el cobro de  nueve millones de dólares. 

 Dijo que se trata de  determinar cuáles vínculos tuvo Abreu Villavizar con funcionarios que laboraron en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) en el año 2001.  

En casación la empresa perdió caso

El 9 de junio del 2010 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Biwater International Limited, contra una sentencia dictada el 30 de mayo de 2008 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en la que le obligaba a pagar US$9,313,833.72.

Este monto responde a una deuda que tenía la empresa con  Marcelo Abreu por concepto del pago de cuatro  contratos por un “acuerdo de consultoría”. El primero, del 18 de julio de 2001, establece que la compañía se comprometía a pagarle a Abreu Villavizar el diez  por ciento (10%) de los trabajos de capital incluidos en los contratos suscritos con el Estado dominicano.

Los dos segundos contratos,    firmados el 8 de marzo del 2002,  establecían que la empresa  pagaría el uno por ciento (1%) y el siete por ciento (7%) del valor de cualesquiera de los trabajos de capital incluidos dentro del contrato suscrito con el Estado dominicano para la construcción de los acueductos de San Francisco de Macorís, La Romana y San Cristóbal. Los detalles del último contrato, del  2 de agosto de 2004, no están en la sentencia.