POR DIEGO PESQUEIRA
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional ayer la Ley 286-04 que puso bajo el control de la Junta Central Electoral (JCE) las elecciones primarias de los partidos políticos.

El tribunal supremo consideró que se violó el principió de la «no retroactividad de las leyes» y se convirtió a las elecciones primarias de los partidos en elecciones nacionales. Los jueces acogieron un pedido del doctor Julio César Castaños, de la Fundación Derecho y Democracia.

La ley disponía que el mismo día se hicieran las convenciones de todos los partidos y permitía que personas no inscritas en los partidos pudieran participar en sus convenciones.

A juicio de la Suprema Corte resulta indudable que al disponer que se hicieran de manera conjunta, el mismo día y a la misma hora, las elecciones primarias de los partidos para escoger las candidaturas en los niveles presidencial, congresional y municipal, cuatro meses antes de las elecciones nacionales, se vulnera el principio de la no retroactividad de la ley.

El tribunal consideró que el sistema de primarias que desarrollan los partidos es el que permite convenciones democráticas y es el que auspicia la Constitución.

La ley Electoral, antes de la modificación que le introdujo la ley 286-04, permitía a los partidos hacer la nominación de sus candidatos a cargos electivos a través de sus convenciones internas y de conformidad con las disposiciones de sus estatutos.

Agrega el fallo de la Suprema Corte que si bien es cierto que algunos versados han incluido en el ordenamiento jurídico el sistema electoral de primarias mediante el voto universal, directo y secreto, con participación de todos los sectores para la elección de las candidaturas de los partidos, no es menos valedero que dicho sistema ha venido siendo sustituido por el sistema tradicional que permite escoger a los candidatos mediante el voto afirmativo de la mayoría, en convenciones separadas por cada partido.

Agrega que las asambleas electorales se reunirán de pleno derecho el 16 de mayo cada cuatro años, para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, y para elegir a los demás funcionarios electivos mediando dos años entre ambas elecciones.

No obstante, la reforma ponía a cargo de la JCE y de las juntas electorales convocar a las convenciones primarias de los partidos políticos, a más tardar cuatro meses antes de las elecciones generales utilizando el padrón oficial, además de organizarlas y financiarlas.

Además, alegó la Suprema Corte, no se especifica de dónde se sacarán los más de RD$700 millones que deben invertirse en la organización del certamen interno de los partidos.

La Ley de Primarias fue promulgada el pasado 15 de agosto por el ex presidente Hipólito Mejía, luego que fuera aprobada de urgencia en el Congreso Nacional.

La ley establecía un sistema de selección de candidaturas a posiciones públicas electivas de los partidos políticos y disponía que la JCE se encargará de organizar y financiar las primarias de cada organización política.

Conforme a estudios del director de Elecciones de la JCE, Gilberto Cruz Herasme, las primarias de los partidos, en virtud de la derogada ley, costaría al Estado RD$450 millones de pesos cada año en que se convoque a esas elecciones internas de las organizaciones políticas.

Para este año 2005 están pautadas las primarias de los principales partidos políticos, lo que representaría millones de pesos en gastos para el Estado.

Además, la Ley de Primarias era criticada y objetada por funcionarios, legisladores y otros sectores de la vida nacional, que entendían que la JCE no debía fiscalizar y costear las elecciones internas de los partidos políticos.

La Ley de Primarias fue objetada por partidos políticos y diferentes sectores que cuestionaban que la legislación haya sido presentada en marzo del año pasado en el Senado sin que en ningún momento se consultara a los demás partidos políticos ni a la JCE.

Empero, los defensores de la Ley de Primarias, alegaban que facilitaría la renovación del liderazgo político nacional e impediría la compra de voto en las elecciones internas de los partidos.

Uno que defendió la legislación fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien advirtió que los legisladores no permitirían la eliminación de la misma, como dijo, aspiran las cúpulas de los partidos.