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POR TANIA HIDALGO
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso ayer que los empresarios y sindicalistas acusados de una estafa de más de mil millones de pesos contra el Estado a través del Plan Renove sean procesados de nuevo por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Con esta decisión, quedan sin efecto las penas entre 4 y 10 años confirmadas, el 15 de septiembre de 2006, por la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo a Antonio Marte, Blas Peralta, Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz, Milciádes Amaro Guzmán, Gervasio de la Rosa, Francisco Pérez, Antonio Reynoso, Freddy Williams Méndez y Alfredo Pulinario Linares, de manera que el proceso deberá ser iniciado desde cero.
La decisión fue tomada con el voto disidente de los magistrados Hugo Alvarez Valencia, Dulce María Rodríguez, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella.
Al casar la sentencia impugnada, el máximo tribunal de justicia consideró que “en la especie la corte en sus motivaciones, sólo se limitó a establecer que las pruebas fueron debidamente valoradas por la juez de primer grado, procediendo a confirmar la sentencia en cuanto a la declaratoria de culpabilidad de los imputados por los cargos de prevaricación y desfalco y modificándola en cuanto al delito de estafa, declarándolos culpables del mismo, sin proporcionar ni dar las razones de su convencimiento, lo que hace imposible que las cámara reunidas tengan a su disposición los elementos necesarios para efectuar el control del que está facultado”.
Agrega, que las sentencias de apelación deben obedecer a las mismas reglas que disciplinan las sentencias de primera instancia y “aunque el razonamiento del juez de segundo grado desemboque en la misma conclusión que el de primera instancia, se hace imprescindible que cada uno recorra su propio camino lógico de razonamiento, en consecuencia, procede casar la sentencia impugnada”.
En tanto, los jueces cuyos votos fueron disidentes, entienden que la sentencia, dictada el 15 de septiembre 2006, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo era justa y correcta, toda vez que se pudo establecer que algunos imputados incurrieron en desfalco y prevaricación en perjuicio del Estado, ya que emplearon manejos fraudulentos para dar por cierta la existencia de empresas falsas, como es el caso de Hyundai America Corporation, representada por Sam Goodson y ordenaron comprar a esa compañía 1,102 autobuses de dos tipos, pagando la unidad de los vehículos más grandes a US$69,901.00 cuando en el mercado local una empresa debidamente registrada ofertó al Plan Renove el mismo tipo de vehículo a US$67,887.00.
Asimismo, indican que ordenaron la compra de los autobuses más pequeños a US$31,699.00 la unidad cuando otra empresa lo ofrecía a US$30,290.
“Entendemos que resulta justa y correcta la sentencia recurrida por lo que no procede su anulación en cuanto a la condenación por desfalco y prevaricación pronunciada contra los funcionarios oficiales”, indican los jueces disidentes.
En tanto, en primera instancia fueron descargados por la entonces jueza de la Quinta Sala Penal del Distrito Nacional, Esther Agelán Casasnovas, el empresario Juan Julio Morales, Ramón Emilio Jiménez, Diógenes Castillo y Siquió Ng de la Rosa.
Los condenados apelaron la decisión y el 6 de febrero de 2006 fueron descargados por la Tercera Sala de la Corte de Apelación. Posteriormente el caso fue enviado a la provincia Santo Domingo.
La Suprema fue apoderada de los recursos de casación incoado por los imputados contra el falló del 15 de septiembre de la Corte Penal de la provincia Santo Domingo que ratificó la sentencia de primer grado, la cual les impuso pena entre 4 y 10 años.
La Suprema Corte de Justicia es presidida por el magistrado Jorge Subero Isa e integrada además de los cuatro jueces disidentes por Rafael Luciano Pichardo, Eglys Esmurdoc, Juan Luperón Vásquez, Julio Ibarra Ríos, Margarita Tavárez, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez, Pedro Romero Confesor y Darío Fernández Espinal.
ANTONIO MARTE
A su salida del máximo tribunal de justicia, el sindicalista y empresario del transporte Antonio Marte dijo que una vez más confía en la justicia, “porque estos jueces no son políticos, van a ver que esa sentencia la van desmeruñar porque las cosas no estaban correcta”.
“Yo sabía que eso iba a ser así, porque nunca he cometido errores de los cuales tenga que arrepentirme”, indicó.
Mientras, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Blas Peralta, dijo que en cualquier tribunal demostrará su inocencia “porque siempre he actuado de frente al sol”.
