Suprema pone freno a presidente El Salvador

Suprema pone freno a presidente El Salvador

AME505. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 09/02/2020.- Un Militar hace guardia este domingo en el interior del Salón Azul del Palacio Legislativo, en San Salvador (El Salvador). Bukele ingresó este domingo al Parlamento, custodiado por militares y policías, algunos de los cuales también ingresaron al recinto, para dar inicio a una sesión extraordinaria sobre un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, pero la asamblea no pudo ser posible para la falta de cuórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84. "Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución", señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no se hizo presente a la convocatoria. EFE/ Miguel Lemus

La Corte Suprema de El Salvador ordenó ayer al presidente Nayib Bukele abstenerse de usar al Ejército en actividades que pongan en riesgo el sistema constitucional, luego que el mandatario irrumpiera el domingo en la sede del Parlamento con militares y policías con fusiles de asalto.
Según un comunicado del órgano Judicial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó a Bukele que “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, representativo y democrático».
Los jueces constitucionales emitieron esta medida cautelar al admitir una demanda contra la convocatoria a una sesión extraordinaria hecha por Bukele a la Asamblea Legislativa, que desembocó en una intervención militar en el Congreso. El órgano judicial, que indicó que dicha demanda fue interpuesta por dos ciudadanos, también mandó al ministro de Defensa, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, no obedecer ordenes distintas a las que “constitucionalmente y legalmente están obligados». Esto supone un golpe contra Bukele, cuyos funcionarios han tratado de restarle importancia.

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