La Suprema Corte de Justicia (SCJ) remitió ayer al juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, el expediente en torno al presunto fraude de 55 mil millones de pesos cometido en el Banco Intercontinental (BANINTER), luego de rechazar una demanda en declinatoria por sospecha legítima presentada por el banquero Ramón Báez Figueroa en contra del magistrado que instruye la sumaria del caso.

El expediente fue enviado al magistrado Sánchez Ortiz, por la secretaria general del alto tribunal judicial, Grimilda Acosta de Subero, a través de la Procuraduría General de la República, a fin de que continúe con las pesquisas correspondientes.

En diciembre pasado, Báez Figueroa presentó a través de sus abogados Marino Vinicio Castillo (Vincho) y Vinicio y Juárez Castillo Semán una instancia de declinatoria por sospecha legítima contra Sánchez Ortiz, alegando que el juez de instrucción estaba parcializado con los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.

En torno al fraude figuran además como inculpados Vivian Lubrano de Castillo, el economista Luis Alvarez Renta, el abogado Jesús María Troncoso Ferrúa y Marcos Báez Cocco, quienes se encuentran en libertad bajo fianza, no emisión de mandamiento de prevención y excarcelación.

La SCJ adoptó la decisión, tras acoger el dictamen del procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez y del fiscal, Máximo Aristy Caraballo, quienes favorecieron que el juez Sánchez Ortiz continúe al frente de la investigación.

Los abogados del Estado, Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín y Jorge Luis Polanco, habían pedido al máximo tribunal rechazar la demanda en declinatoria presentada contra Sánchez Ortiz y que, por consiguiente, se ordenara la continuación de la sumaria correspondiente.

La demanda en declinatoria fue interpuesta luego de que el magistrado rechazara varios pedimentos planteados por los abogados de la defensa, entre ellos, posponer el fallo sobre una solicitud de libertad provisional bajo fianza y el de sobreseer el proceso hasta tanto fuese conocido en un tribunal administrativo.