La Suprema Corte de Justicia sigue empantanada en el proceso seguido al diputado Guillermo Radhamés Ramos García, acusado de tráfico de seres humanos a través de la frontera, luego que ayer aplazó el juicio nuevamente para el primero de septiembre.

Esta vez el reenvío fue pedido por el representante del Ministerio Público, Francisco Cadena Moquete, quien pidió la citación de testigos que estimó vitales para el proceso.

El tribunal estuvo presidido por la magistrada Eglys Margarita Esmurdoc, segunda sustituta del presidente Jorge Subero Isa, quien estuvo ausente al igual que el magistrado Rafael Luciano Pichardo, primer sustituto.

El pedido fue acogido por el tribunal que dispuso la citación de Gabriel Narciso Lora Saint-Hilaire, Candelario Nova Figuereo, América Rodríguez Sosa, José del Carmen de los Santos Mateo, Rufo Belliard Fortuna y Marciano Ercilio Lora Saint-Hilaire. También Miguel Vásquez, ex director de Migración, quien acudió a la audiencia seguida al ex cónsul en Cabo Hatiano por primera vez.

Los abogados de Ramos García y de los coacusados, los orientales Chen Ngow Chai, de Malasia, y Ng Choon Seng, de Singapur, se opusieron a un nuevo aplazamiento, alegando que la audiencia podía conocerse sin mayores contratiempos.

La Suprema Corte dictó mandamiento de prisión contra Ramos García el pasado año, pero su condición de legislador le otorga inmunidad.

No obstante Ngoe Chai y Choon Seng se encuentran en libertad bajo fianza que le concedió la Suprema Corte, luego de estar presos preventivamente por más de un año.

[b]EL CASO[/b]

Ramos García fue designado cónsul en Cabo Haitiano el 22 de agosto del 2000. El 9 de junio del 2002 se conoció que Ramos García trató de introducir por Dajabón a 16 orientales a los cuales les había vendido tarjetas de turismo.

Las autoridades de Migración informaron en esa oportunidad que Ramos García había llegado el jueves 6 de junio del 2002 a la frontera con Dajabón a las 8:30 de la noche en un autobús en el que viajaba con los orientales.

Se informó que las autoridades le advirtieron que la frontera se cerraba a las 6:00 de la tarde, pero que por insistencia de Ramos García se le permitió que ingresara a territorio dominicano a los orientales y que volviera al día siguiente a completar los trámites. Ramos García, dijeron las autoridades, dejó los documentos de los Aturistas@ y los llevó a un hotel. Al día siguiente regresó a reclamar los documentos, pero sin llevar a los orientales, por lo que se produjo el escándalo.

Los militares que custodian el paso fronterizo y los funcionarios de Migración informaron que entonces fueron a buscar a los Aturistas@ los que no estaban en el hotel y tuvieron que ser detenidos en redadas que se extendieron hasta Santiago Rodríguez.

Ramos García había pagado el viaje de los orientales desde Cabo Haitiano así como su hospedaje en Dajabón y hasta en Santiago.

Los orientales, al ser detenidos, informaron que habían pagado a Ramos García hasta US$3,000 para ingresar a la República Dominicana.

[b]IRREGULAR[/b]

Tanto el canciller de la época, Hugo Tolentino Dipp, como el ex director de Migración, Miguel Vásquez, dijeron que el visado al grupo de 14 chinos, un tailandés y un ciudadano de Singapur, era irregular.

Tolentino Dipp dijo que Ramos García violó la disposición 003-2000 que le limitó a los cónsules el número de visados que podían otorgar a los haitianos y que advertía que el visado a orientales solo podía ser concedido con autorización de la Cancillería.

Ramos García cometió Afaltas graves@ a juicio de Tolentino Dipp, luego de concluir las investigaciones que hizo la Cancillería junto con la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

En ese momento el caso fue investigado como Atráfico humano@, en violación de acuerdos internacionales y leyes locales.

[b]DESTITUIDO[/b]

Cuando estalló el caso de Ramos García, el presidente Hipólito Mejía se encontraba en un viaje por Europa y el Medio Oriente. La vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, en funciones, tomó la decisión de destituirlo el 15 de junio del 2002.

[b]DIPUTADO[/b]

Ramos García era cónsul al momento de conocer el caso, pero ya había sido elegido como diputado en las elecciones del 16 de mayo de ese año por La Vega.

Su condición de cónsul lo hacía inmune al arresto por una autoridad local en Dajabón, según explicó la Cancillería en su momento.

Se indicó que como cónsul únicamente podía ser arrestado por un ayudante del procurador general. Ningún funcionario de ese rango fue designado para esa misión mientras duraron las investigaciones, aunque el procurador de entonces, Virgilio Bello Rosa, dijo que Ramos García nunca podría juramentarse como diputado. Si se juramentaba como diputado, se planteó, disfrutaría de la inmunidad parlamentaria.

[b]PIDEN CASTIGO[/b]

El senador Pedro Luna y el diputado Ovi Saldívar, ambos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el mismo grupo político de Ramos García, pidieron que se le separara de esa organización política.

La entonces presidenta de la Cámara, Rafaela (Lila) Alburquerque, le pidió que renunciara.

[b]ARRESTADO[/b]

Finalmente, luego que fue destituido como cónsul, Ramos García fue arrestado por una orden de la jueza de instrucción de Dajabón, Josefina Cepín Grullón el 15 de julio del 2002, al otro día fue declarado enfermo y enviado al hospital Ramón Matías Mella, de esa ciudad. Un médico le diagnóstico Aneurosis de ansiedad y anemia.@

El 3 de agosto, los abogados de Ramos García elevaron un recurso de hábeas corpus, lo que fue rechazado por el juez Críspulo Tatis.

[b]SE JURAMENTÓ[/b]

El 16 de agosto, Ramos García consiguió juramentarse mientras estaba detenido y hospitalizado. El juramento se lo tomó el inspector honorífico de la Presidencia de la República, Julio Rafael Ángeles Tapia, y el notario Elvio Antonio Carrasco lo certificó.

La Cámara de Diputados falló en varios intentos por retirarle el fuero parlamentario para facilitar su arresto.

El 27 de agosto, Bello Rosa pidió que el caso fuera remitido a la Suprema Corte y el 28 de agosto la Cámara de Diputados lo reconoció.

Desde entonces el caso está siendo conocido en la Suprema Corte.