Caracas– La oposición realizará el 16 de julio un plebiscito simbólico para que los venezolanos decidan si apoyan o rechazan la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, con lo que busca precipitar un desenlace del conflicto.

La consulta, sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado por la oposición de servir al gobierno-, se celebrará dos semanas antes de la elección de los asambleístas de la Constituyente, un «suprapoder» que regirá al país por tiempo indeterminado.

Durante un acto en Caracas con sectores sociales, la oposición dijo que el plebiscito marcará la «hora cero» de un «levantamiento» masivo y simultáneo contra Maduro.

«Convocamos este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana», dijo Julio Borges, jefe del Parlamento, de mayoría opositora. La oposición instalará unos 1.600 sitios de recolección de votos para la consulta, que celebrará en paralelo a las protestas que realiza desde hace tres meses contra Maduro, y que dejan 89 muertos.

La oposición considera la Constituyente un «fraude» con el que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pretende perpetuarse en el poder y esquivar elecciones, incluidas las presidenciales de fines de 2018.

«Punto de quiebre». Para el politólogo Luis Salamanca, el plebiscito es un acto «no vinculante» y «moralmente simbólico» que no detiene la Constituyente, pero «sirve para movilizar a la gente». «El gobierno no le va a parar (lo ignorará). Sólo una declaración de la Fuerza Armada -que ha declarado lealtad a Maduro- podría parar esta locura», dijo a la AFP.

En la consulta también se preguntará a los venezolanos el papel que demandan a la Fuerza Armada «para restituir el orden constitucional» y si respaldan la «renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución».

«Se hará como una gran encuesta nacional, tratando de fundamentarse en el principio de soberanía popular, buscando deslegitimar al régimen, la Constituyente, a Maduro, y buscar una transición», dijo a la AFP el constitucionalista José Vicente Haro. Según la encuestadora Datanálisis, siete de cada 10 venezolanos rechazan la Constituyente.

La oposición asume el plebiscito como un «punto de quiebre». «Vamos a iniciar la fase final, todos los mecanismos de protesta en todo el país, al mismo tiempo y de manera indefinida», advirtió el diputado Freddy Guevara. «Estamos entrando a la hora cero. El gobierno fijó el 30 de julio para formalizar la dictadura y entonces hay que echar todo», señaló el gobernador Henrique Capriles. La oposición convocó a un bloqueo de calles en todo el país este martes para escalar la «presión», aseguró Guevara.
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«Luchemos por la democracia» . El mandatario asegura que las protestas buscan derrocarlo con apoyo de Estados Unidos y sostiene que la Constituyente traerá «la paz» y «la recuperación económica» al país, sumido en una grave crisis con una inflación descontrolada y escasez de alimentos y medicinas.

«Es la solución porque es más y mejor democracia», expresó Maduro este lunes en un acto de campaña para la Constituyente. Varios de sus funcionarios afirman que la Constituyente tendrá poder para anular el Parlamento y destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, militante chavista devenida en dura crítica del gobierno. En vísperas de su comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidirá si le abre un juicio que llevaría a su destitución, Ortega llamó este lunes a los venezolanos a luchar por el restablecimiento de la democracia.

«Ahora más que nunca tenemos que unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos», dijo Ortega en un video que difundió en Twitter. Poco antes, había pedido lo mismo en un inédito discurso ante el Legislativo: «Luchemos por la democracia. No importa que piensen distinto a nosotros», pidió a la amplia mayoría opositora.

En tanto, el oficialismo siguió estrechando el cerco en torno a la funcionaria. El TSJ -acusado de estar bajo control del gobierno- anuló la citación que la Fiscalía había hecho a dos generales de la Fuerza Armada acusados de violaciones de derechos humanos y la declaró el desacato.

Mientras, la Contraloría inició un auditoría para establecer posibles irregularidades administrativas durante la gestión de Ortega, que por su parte reiteró un pedido e información a Estados Unidos sobre dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, detenidos en ese país por narcotráfico. La fiscal fue acusada fue acusada por el oficialismo de mentir al afirmar que no validó la elección de los magistrados del TSJ en 2015, por parte de la anterior mayoría chavista. Aún no confirma si asistirá o no a la audiencia.