El electo presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun, abogó ayer porque la medida de coerción impuesta a la magistrada Awilda Reyes Beltré y al exconsultor Francisco Arias Valera, sea reconsiderada dado el peligro que dijo, de una u otra manera corren en prisión, donde puede haber reclusos juzgados por ellos.

Dijo que toda persona que comete un delito debe asumir su responsabilidad y pagar por él, pero recordó que la prisión preventiva es una “medida extrema” para garantizar la presencia del imputado en cada una de las etapas de un proceso penal, e indicó que hasta donde sabe, Reyes y Arias Valera obtemperaonn a los requerimientos que les hacían.

“Nosotros entendemos que esa medida puede ser perfectamente cambiada a la luz de las circunstancias personales de cada uno de esos jueces”, agregó.

Consideró que ambos prevenidos “pueden perfectamente atravesar ese vía crucis” con otra medida de coerción que no sea la prisión preventiva que se les impuso.

La suspendida magistrada y el renunciante consultor del Consejo del Poder Judicial, fueron acusados de prevaricación por el procurador general Francisco Domínguez Brito, y enviados por tres meses a Najayo por el juez Ramón Horacio González Pérez, como medida de coerción preventiva.

Surun dijo que en su calidad de presidente electo del CARD, dará seguimiento al caso para verificar que los derechos fundamentales de ambos estén garantizados.