El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun, solicitó ayer a la Procuraduría General investigar miles de pensiones estatales que según él, habrían sido asignadas por el gobierno sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley 379 sobre Pensiones y Jubilaciones, “para favorecer a relacionados y activistas políticos en perfecta salud y edad productiva”.

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Dijo que son hechos que constituyen los delitos penales tipificados como “prevaricación, abuso de poder y coalición de funcionarios”, sancionados por los artículos 114, 123, 126 y 127 del Código Penal.

En una instancia dirigida a la Procuradora Mirian Germán, el presidente del gremio que agrupa a los abogados le pide investigar al ministro administrativo, al Consultor Jurídico y al director de Pensiones y Jubilaciones.