POR MANASÉS SEPÚLVEDA
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias Núñez, informó ayer que fueron suspendidos cinco oficiales del Registro Civil luego que se denunció la expedición de falsas actas de nacimiento y matrimoniales para que regidores y falsos regidores vendieran pasaportes oficiales que se hacían expedir con esos documentos.

Arias Núñez dijo que la suspensión de los funcionarios es una muestra de que la JCE está actuando para aclarar este “delicado asunto”, por lo que consideró que son “insinuaciones inmerecidas e hirientes” las que hizo el fiscal del Distrito Nacional.

Arias Núñez, durante una visita ayer a la Procuraduría General de la República, informó también que la JCE designó un inspector especial para ayude en las investigaciones en las oficialías donde se han denunciado irregularidades.

Ayer, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) respaldó la disposición del fiscal Hernández Peguero, para hacer las investigaciones en las oficialías. Las Finjus planteó que los fiscales están obligados a investigar las irregularidades en las oficialías del Estado Civil.

En cambio, Arias Núñez alegó que el artículo 96 la ley 659 establece que los fiscales sólo pueden visitar las oficialías en los meses de enero y julio de cada año para hacer inspecciones.

“Esa insinuación de que el presidente de la JCE algo oculta, me parece hiriente e inmerecida, conociéndome él a mí como profesional, funcionario y profesor universitario suyo”, expresó Arias.

Estimó Airas Núñez que Hernández Peguero “no dimensionó” las “implicaciones, que en el contexto interpersonal y en el marco de la cooperación y el intercambio interinstitucional deben prevalecer y ser armoniosas”.

Hernández Peguero estimó el pasado jueves que “mueve a sospecha” que el presidente de la JCE “instruyera a los oficiales del Registro Civil para que impidan la entrada de fiscales a las oficialías” para hacer inspecciones.

Arias Núñez dijo que “ese tema lo tratamos con él (fiscal) y hay una diversidad de interpretaciones a esa disposición en el marco de lo que fue la ley 892, sin embargo le dijimos que estamos contemplando la posibilidad de ejercer una acción coordinada de la Junta con la fiscalía.  Eso no se ha materializado por los plazos que establece la ley porque estamos en el mes de septiembre”.

Descartó que “se esté ocultando algo y lo que se quiere es que las cosas se hagan de manera más funcional, sobre todo que se está inmerso en la ejecución del proyecto de automatización del Registro Civil”.

INSPECTOR ESPECIAL

Arias Núñez informó ayer que la JCE designó como su represente ante la Procuraduría General al doctor Charlie Polanco, al que nombró “inspector especial”, para que participe en las investigaciones que se hacen en oficialías del Registro Civil donde se denunciaron irregularidades en las expediciones de actas de nacimiento y matrimoniales.

Arias Núñez informó de la designación de Polanco luego de conversar ayer en la tarde con el procurador general Francisco Domínguez Brito.

A su vez, la Procuraduría consideró que es “de mucho valor” la designación de este inspector especial porque deberán determinar la condición de libros en que se asientan las actas en las oficialías en que supuestos regidores obtuvieron documentos para hacerse expedir y vender pasaportes oficiales. Arias Núñez dijo que en su conversación con Domínguez Brito le manifestó la disposición de colaborar en las investigaciones.

SUSPENDIDOS

Expresó que como muestra de la actitud firme de de la JCE se dispuso esta tarde la suspensión de los oficiales del Estado Civil de Peralta, de Padre Las Casas, de Las Yayas de Viajama, de Guayabal y de Tábara Arriba, en Azua,  y  de Cívicos, en Cotuí.

Identificó a estos oficiales como la doctora Mayra Josefina Quezada, licenciada Daysa Yocaina Pérez y Pérez, doctora Maribel Cuello Díaz, Peligrín Pereyra Castillo, licenciada Arelis Martínez, Arelis Sánchez de Schéker y Salvador Andrés Torres.

Arias Núñez dijo que además se tomaron otras medidas que serán informadas en la próxima sesión de la JCE en la que se fijarán las sancionarlas definitivas.

RESPALDO

La FINJUS respaldó ayer al fiscal Hernández Peguero, del Distrito Nacional, para hacer las investigaciones en las oficialías del Estado Civil donde se han denunciado irregularidades.

En un documento firmado por el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, se planteó la preocupación de esa organización ante las declaraciones del fiscal Hernández Peguero de que el presidente de la JCE está obstruyendo la labor de investigación.

El vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el artículo 96 de la Ley 659 establece que el fiscal debe visitar en los meses de enero y de julio de cada año las oficialías del Estado Civil de su jurisdicción para verificar especialmente si los registros son llevados con regularidad, pero que también ante cualquier denuncia sobre irregularidades los fiscales están compelidos a investigarla sin importar la fecha en que se cometan acorde a lo establecido en los artículos 9 y 37 de la ley.