RÍO DE JANEIRO (EFE).- El control de estadounidenses en puertos y aeropuertos de Río de Janeiro fue suspendido ayer por un tribunal brasileño, precisamente cuando el Gobierno intentaba utilizar esa medida para negociar ventajas ante Estados Unidos.

El control, que aún regirá en las otras ciudades de Brasil, había sido ordenado por un juez federal en «reciprocidad» por las medidas de seguridad similares vigentes en Estados Unidos para los brasileños y otros ciudadanos de países a los que se les exige visa.

El gobierno brasileño, que se abstuvo de recurrir la medida judicial en los tribunales pese a que se inmiscuía en su política externa, ha dicho que puede pedir su suspensión en caso de que Estados Unidos también acepte flexibilizar el control a los brasileños.

Las negociaciones para que los ciudadanos de Brasil sean excluidos de los controles en Estados Unidos fueron planteadas por el canciller brasileño, Celso Amorim, en una conversación que tuvo la semana pasada con su homólogo estadounidense, Colin Powell.

Powell reclamó por el tratamiento que estaban recibiendo los visitantes estadounidenses en Brasil y Amorim insistió en que la medida podrá ser revisada en caso de que los brasileños reciban un «tratamiento digno» en los aeropuertos estadounidenses.

Según Powell, algunos ciudadanos de su país tuvieron que esperar hasta nueve horas para que la policía brasileña les tomara las huellas dactilares y fotografías en el aeropuerto de Río de Janeiro.

El secretario de Estado estadounidense criticó tal tratamiento y dijo que el control brasileño es discriminatorio debido a que se aplica exclusivamente a ciudadanos de su país.

En lugar de cuestionar la medida ante la justicia, el gobierno brasileño, mediante decreto publicado hoy en el Diario Oficial, creó un grupo especial para que decida en 30 días cómo tendrán que ser fichados los visitantes, pero aclaró que «las sugerencias deberán tomar en cuenta el principio de reciprocidad».

El polémico asunto, según diplomáticos brasileños, sería abordado en el encuentro privado que tendrán hoy por la noche en Monterrey (México) el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el estadounidense, George W. Bush.

Ambos jefes de Estado viajaron a la ciudad mexicana para participar en la Cumbre extraordinaria de las Américas en medio del intercambio de críticas entre sus diplomáticos por los mutuos controles de pasajeros.

Sin embargo, la decisión de un tribunal de suspender tal control en Río de Janeiro, a donde llega el 60 por ciento de los turistas estadounidenses que visitan Brasil, redujo la tensión y el poder de negociación de los brasileños.

La polémica medida fue suspendida en Río de Janeiro por solicitud de las autoridades municipales, que la semana pasada presentaron un recurso judicial alegando que los controles afectan el turismo y perjudican económicamente a la ciudad.

El alegato de la municipalidad fue aceptado por el magistrado Catao Alves, presidente del Tribunal Regional Federal, con sede en Brasilia, quien consideró que el control puede provocar «millonarias pérdidas a la economía nacional» ante la posible fuga de turistas.

Según Alves, Estados Unidos tiene motivos de seguridad para imponer un control de pasajeros, mientras que Brasil no los tiene.

«Si Estados Unidos tiene razones para adoptar las medidas cuestionadas por la fiscalía de Mato Grosso do Sul, Brasil, sin motivo justificado -ya que el temor a atentados terroristas felizmente no forma parte de la vida nacional-, no puede hacer lo mismo alegando apenas el principio de reciprocidad», dijo el juez.

Además, agregó, la medida «causaría pérdidas de millones de dólares a la economía nacional, y no sólo a Río de Janeiro».

Río de Janeiro, uno de los principales destinos turísticos de América Latina, recibió 1,5 millones de turistas extranjeros en 2002, de los cuales el 26,2 por ciento eran estadounidenses.

La decisión de la justicia brasileña de imponer controles a los estadounidenses, además, fue criticada hoy por José Genoino, presidente del socialista y oficialista Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Lula.

«Es justo y correcto que los ciudadanos brasileños se sientan discriminados por las medidas del gobierno de Estados Unidos y que los órganos competentes de Brasil realicen gestiones ante las autoridades de ese país para acabar con la discriminación», dijo el presidente del PT desde la página web del partido.