El experto en derecho constitucional Cristóbal Rodríguez consideró que la medida cautelar del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que suspende la redistribución de los diputados de acuerdo a la densidad poblacional es errónea y constituye una peligrosa transgresión a la Constitución.

Indicó que esa decisión no tiene fundamentos, pues la Junta Central Electoral (JCE) actuó en apego irrestricto a lo que dispone la Constitución del 2010, que manda a aumentar la cantidad de diputados en las provincias que crecieron en población y disminuirlos en aquellas que perdieron habitantes.

El gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al TSA anular la resolución, alegando que con ella se “transgredía el principio de coherencia, porque fue emitida apenas faltando meses para el certamen electoral, y cuando ya son de conocimiento los pactos y alianzas”.

“La resolución de la Junta es lo único que procedía, porque la Constitución dispuso una modificación en el criterio de representación de proporción poblacional en la representación territorial de los diputados y por tanto el órgano que administra el proceso electoral tenía que compatibilizar antes de que se produzcan las elecciones de mayo del 2016 el nuevo criterio de la Constitución”, manifestó el reconocido jurista.

El criterio. Rodríguez indicó que en el TSA hay dos criterios básicos que debe tener en cuenta el juez que administra las medidas cautelares. El primero es que para dictarla tiene que verificar si en el alegato de quien la solicita hay lo que se llama «apariencia de buen derecho», es decir que es lógico y verosímil con las disposiciones de la ley.

Sin embargo, consideró que en el pedido del PLD lo que hay es “apariencia de mal derecho”, porque la resolución no es otra cosa que el cumplimiento de la Constitución.

El segundo criterio que debe evaluar el juez cautelar, según Rodríguez, es el riesgo que hay en caso de no aplicar la medida y en este caso “el único riesgo es haber dado la resolución, porque constituye una transgresión a la Constitución, y eso si es peligroso”.

Jurisdicción en problemas. En tanto que el abogado Francisco Álvarez Valdez, experto en derecho administrativo, consideró que esa jurisdicción atraviesa por una situación crítica, pues solo cuenta con un tribunal con tres salas y el espacio de audiencias con filtraciones y que carece de una simple copiadora.

Deploró que pese a que es la jurisdicción más importante del país, porque regula la relación de los ciudadanos con el Estado, no haya más tribunales, por lo que las personas tienen que trasladarse desde el interior a la Capital para incoar cualquier recurso.

Indicó que esto ha conllevado a un cúmulo grande de casos pendientes, citando que el expediente del PLD fue sometido en septiembre y los jueces tardaron cuatro meses para fallar.

Señaló que ese era un recurso simple, que no necesitaba instrucción, ni escuchar testigos, ni depositar documentos, porque era un asunto de derechos y de aplicación de la ley que se hubiese podido resolver sin ninguna dificultad.

Álvarez subrayó que es la presidencia del tribunal que admite las debilidades de esa jurisdicción cuando suspende la resolución de la JCE e indica que no hay posibilidad de que el fondo se conozca antes de las elecciones de mayo.

Consideró que el fondo no se va fallar nunca, porque pasado el proceso electoral, ya pierde interés.

Dijo que con esto los mismos jueces “están admitiendo que la jurisdicción administrativa no está en capacidad de responderle a la ciudadanía”.
Rodríguez y Álvarez se refirieron a este tema al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio en el cual también estuvieron los reconocidos abogados Servio Tulio Castaños, Laura Acosta y Eric Raful.

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Quien defiende

Sobre la importancia de la jurisdicción administrativa también habló Raful, quien recordó que los tratadistas le llaman a esta “ la jurisdicción de la democracia, porque es la que regula la relación del individuo con el Estado”.

En tanto que Acosta indicó que allí va el ciudadano cuando se siente desprotegido por el Estado. “Es el tribunal más importante, el que debe proteger el ciudadano de la autoridad arbitraria del Estado”.

Acosta deploró que ese tribunal no tenga ni una fotocopiadora mientras, sin embargo, el Consejo del Poder Judicial autorizó la compra de bonos de regalos destinados para periodistas en la pasada Navidad.