Si en vez de vender el Banco Popular de España al banco Santander se hubiera decidido la suspensión de pagos, la operación hubiera implicado para el Estado un costo de al menos, 30.000 millones de euros.
Esto así porque el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se encuentra en precario y apenas cuenta actualmente con recursos para cubrir el 20 por ciento de los depósitos que tenía la entidad, por lo que habría tenido que pedir ayuda al Tesoro para cumplir la normativa y devolver los 100.000 euros preceptivos por depositante.
Al 31 de diciembre de 2016, «las disponibilidades financieras ascienden a 6.821 millones», informaron fuentes al diario español El Mundo.
Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, había informado el lunes que los depósitos de personas físicas que habría que garantizar en el Popular ascendían a 35.900 millones.
El FGD se nutre de aportaciones de la banca privada principalmente, pero, ha quedado en estado muy precario tras sucesivas intervenciones en las cajas de ahorro durante la crisis financiera. En 2016 ha logrado superar los 6.274 millones de 2015, pero sigue por debajo del listón con que contaba antes de la crisis, cuando llegó a tener fondos patrimoniales negativos.
De las cifras oficiales se desprende que habría tenido que prestar los mencionados 30.000 millones al FGD.
S&P, antes conocida como Standard&Poor’s, valoró como «positiva» la resolución de la crisis para el Santander, que acabó comprando la entidad. S&P cree que la operación fortalece el liderazgo del banco que preside Ana Botín y refuerza su posición en el segmento de las pymes, en el que Popular tenía una cuota próxima al 18%.
«Se resolvió un problema de una entidad muy débil sin que la fuerte haya quedado debilitada y eso es positivo para la industria», ha reconocido Elena Iparraguirre, directora de servicios financieros de la agencia. A su juicio, la elevada presencia de activos problemáticos en el balance del banco (en torno a 37.000 millones de euros), sumado a su incapacidad de reducirlos y a las dificultades para generar capital limó la confianza de los accionistas y clientes y aceleró la retirada de depósitos que determinó la intervención de las autoridades europeas.