La Cámara de Diputados debe tomarse el trabajo de analizar hasta los mínimos detalles de un contrato de préstamo por US$132.4 millones para la adquisición de vehículos y equipos para la Policía Nacional, que el Senado aprobó al vapor a pesar de que ese contrato contiene elementos cuestionables.

Es necesario que al momento de conocer ese contrato los diputados reparen en el monto del mismo, tasa de interés, plazo de saldo y los precios que se atribuyen a vehículos, computadoras y otros equipos, así como honorarios a pagar con ese crédito.

Una de las urgencias que tiene el país es la de equipar adecuadamente a la Policía Nacional, modernizarla y ponerla en condiciones de enfrentar los altos índices de criminalidad y delincuencia predominantes.

Nadie duda que el restablecimiento de la seguridad ciudadana demanda de una inversión cuantiosa y urgente, pues se ha resquebrajado el principio de autoridad, se desafía descaradamente a la ley y hay insuficiencias que dificultan poner las cosas en orden.

Sin embargo, la urgencia de las inversiones no justifican contrataciones onerosas, poco transparentes, que despiertan justificadas suspicacias y que obligan a reclamar un análisis minucioso de todo cuanto se detalla en el contrato aprobado en el Senado.

– II – 

El país tiene derecho a saber las circunstancias en que fue negociado este contrato, sus términos y si el mismo es el resultado de haber escogido entre varias propuestas.

Hay que definir con claridad los procedimientos en base a los cuales fueron establecidos los precios de los vehículos y equipos que se pretende adquirir, y si los mismos son el resultado de una comparación de cotizaciones de varios suplidores, basadas en factores de precios y prestaciones de esas máquinas.

Hay que desentrañar las particularidades de unas computadoras para ser instaladas en vehículos policiales cuyo precio por unidad aparece estipulado en más de US$9,000. ¿Cuántas alternativas fueron evaluadas para esta selección?

Definitivamente, el país necesita y quiere una PN eficiente y suficiente, con capacidad de respuesta para las contingencias del momento, que pueda desempeñar su papel de auxiliar de la Justicia y sustentadora del orden y la seguridad, pero de esa necesidad real no puede nacer una solución que pueda resultar onerosa e injustificable, sobre todo cuando se sabe que probablemente han sido desechadas alternativas de financiamiento y cooperación realmente ventajosas para el país.

La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de reparar la omisión del Senado, que no fue capaz de reclamar, a nombre de la sociedad que debe representar, esclarecimiento de aspectos de un convenio de crédito que conducen a una suspicacia inevitable.