La Constitución de la República, en su artículo 93, le asigna al Congreso el deber de estudiar y sancionar los informes de  la Cámara de Cuentas sobre cada ejercicio fiscal. Las dos cámaras que lo componen tienen facultades para cruzar datos de fuentes idóneas para aprobar o rechazar estos informes. Es una función de fiscalización irrenunciable que pretende dar transparencia al manejo de los recursos del Estado.

Bajo esas premisas, despierta justificada suspicacia el hecho de que el  Senado se haya abstenido de estudiar y sancionar los informes de la Cámara de Cuentas correspondientes a  los ejercicios fiscales de los años 1998, 1999, 2002, 2005, 2006 y 2009. Aparte de la violación constitucional implícita, esa omisión mantiene interrumpido el ciclo de fiscalización que debe ser completado por la Cámara de Diputados y seguir la secuencia trazada por la Constitución.

 No hay manera de justificar que un cuerpo legislativo viole un mandato constitucional tan delicado como este. La omisión de referencia crea un limbo en materia de  fiscalización del destino dado por el Poder Ejecutivo a los fondos públicos. Por cierto que la misma Constitución que asigna estos deberes al Congreso, dispone la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, pendiente aún, en  cuya jurisdicción correspondería dilucidar este tipo de  falta.

Brecha digital y costo de internet

En el país hay políticas que, según alegan sus auspiciadores en el sector oficial, están orientadas a estrechar la brecha digital. Esto supone facilitar el acceso de la población a la tecnología digital. En el campo de la telefonía móvil y de internet se ha logrado ese acceso a las tecnologías, al “hardware” que permite aplicarlas, facilitando las comunicaciones y conexiones, sean alámbricas o no.

Pero hay un sesgo que contradice los propósitos atribuidos a  esos programas. Ocurre que mientras se predica en ese sentido, los servicios de telefonía móvil tienen en este país cargas fiscales enormes, que inflan sus tarifas de manera abusiva, y nuestros costos de conexión por internet son los más altos del mundo. Así no hay manera de estrechar la brecha digital. Una cosa es acceso a los aparatos y otra muy diferente  es facilitar el acceso a los servicios mediante políticas fiscales que permitan aplicar tarifas más bajas.