Susto y consecuencia

Susto y consecuencia

Grotesco y tenebroso. Proceder chabacano, con esa percepción de invulnerabilidad, la omnipotencia del crimen y la urgencia de la dádiva para el relumbrón, para la ostentación en el Drink y la compra del carnet que permite la admisión en el club prohibido.

Lo ocurrido en la Dirección Central Antinarcóticos-DICAN-, de controversial perfil jurídico, creada mediante Resolución del Consejo Superior Policial-15-02 2008-, simplemente suma y ratifica. Cualquier persona conocedora de la realidad nacional, con el proceso iniciado, con los hallazgos y las imputaciones, recrea antecedentes.

Asusta comprobar la indefensión de la sociedad. Y es susto también, para quienes eluden el tema y les atemoriza la posibilidad de discutir la legalización del negocio. La importancia del país para el tráfico y la distribución de sustancias controladas, ha sido corroborada por la DEA.

El país es centro y puente, afirma la agencia. ¿Quién designa y por qué, a los jefes de los organismos encargados del Control de Drogas? ¿Quién vigila sus acciones?

La Ley Para Drogas Narcóticas- 168-75- atribuía a la Policía Nacional “velar por el fiel cumplimiento” de sus disposiciones. Rigió durante trece años. El apoderamiento de la jurisdicción correspondiente, al principio, fue escaso. El proceso se usaba más para desprestigio y extorsión. Algunas providencias calificativas tenían que trascender la piedad y obedecer el mandato de la ley.

La enfermedad de la adicción era balbuceo. Los prevenidos eran adictos sin remedio con el riesgo de cumplir una pena inútil. La mayoría, víctima de la vesania de un agente de la Policía Nacional, de un enemigo o de algunos de los capos, que ya medraban, con absoluta impunidad, en corredores palaciegos. Alguien distribuía, importaba, producía, sembraba, pero había un recelo protector.

Se redactaban sentencias, autos, providencias, el consumo aumentaba y el manto acogía a los de siempre, propiciaba la intervención para evitar la persecución y la acusación. Desfilaban por despachos de jueces y fiscales, obispos, empresarios, honorables de toda catadura, para solicitar clemencia o silencio. La institución encargada del cumplimiento de la ley descubrió las ventajas del control de la mercancía. Se produjo el escándalo que involucró a la jerarquía del Departamento de Drogas Peligrosas y Narcóticos.

El cartel tenía asiento en la PN. Un oficial bien amado, joven sobresaliente, era capo. La ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias controladas, crea la Dirección Nacional de Control de Drogas –DNCD-.

El texto advierte que “La magnitud del problema del tráfico y consumo ilícito de drogas alcanza proporciones dramáticas y alarmantes, y nuestro país es utilizado como puente internacional”. Alude la ineficacia de la Ley 168, derogada.

27 años después la situación es desastrosa. Se repite con desenfado que “el 20% de los militares y policías dominicanos está implicado en la protección o manejo directo del narcotráfico».

La separación entre carteles y políticos, es difícil.Hay alfiles trabajando desde los parajes rurales hasta los centros urbanos de poder. Las campañas electorales revelan, pero luego viene el apañe. Una foto por aquí, otra por allá, el aporte y después, silencio.

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