Taiwán será pionero en Asia en legalizar el matrimonio homosexual, después de que la Corte Suprema declarase hoy inconstitucionales las restricciones legales a las uniones entre personas del mismo sexo y fijase un plazo de dos años para enmendarlas.

El que no se permita a «dos personas del mismo sexo crear una unión permanente de naturaleza íntima y exclusiva» viola «la libertad de matrimonio» y la igualdad ante la ley, y esto debe enmendarse en el plazo de dos años, anunció el secretario de la corte, Lu Tai-lang, en rueda de prensa.

Dada la mayoría absoluta del gobernante Partido Demócrata Progresista y el hecho de que su presidenta y mandataria del país, Tsai Ing-wen, apoye la legalización, nadie duda de que la isla será el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio gay.

La Oficina Presidencial señaló, en un comunicado, que la sentencia «es vinculante para toda la población y los órganos del país a todos los niveles» y animó a que se presenten cuanto antes propuestas de enmienda en el Parlamento.

Tsai hizo un llamamiento al respeto y la comprensión entre los partidarios y defensores del matrimonio igualitario y expresó su confianza en la existencia de «mecanismos democráticos maduros para resolver las diferencias», dijo el secretario general de la Presidencia, Wu Zhao-xie.

La interpretación de la Corte Suprema respondía a consultas presentadas por el veterano luchador por los derechos homosexuales Chi Chia-wei y el gobierno municipal de Taipei.

«Se ha hecho realidad un sueño que llevo esperando más de 16 años», dijo Chi, tras conocer la decisión, en medio de la algarabía de numerosos partidarios del matrimonio homosexual que esperaban expectantes la sentencia.

En 1986, en un momento clave de la ley marcial de Taiwán, Chi -que entonces tenía 28 años- hizo lo que para muchos era impensable en esa época, declarase públicamente como homosexual, lo que le costó 162 días de cárcel.

Hace 16 años, en un nuevo asalto a las convenciones sociales, Chi fue el primero en desafiar las leyes que impedían el matrimonio a personas del mismo sexo y pidió sin éxito el registro legal de su unión, desde 1988, con su pareja.

En 2015, tras un nuevo intento fallido, elevó una consulta de interpretación a la Corte Suprema de Justicia -que interpreta la Constitución de la isla- por considerar que la prohibición violaba dos artículos de la Carta Magna.

Esos artículos son el 7, que establece la igualdad de los ciudadanos, y el 22, que garantiza todas las libertades y derechos que no perjudiquen el orden social o el bienestar público.

Por el contrario, grupos religiosos y conservadores recibieron con protestas y consternación la decisión, pues consideran que asesta un duro golpe a la tradición china de la isla, la familia tradicional y la moralidad social.