JUAN M. RAMÍREZ
j.ramirez@hoy.com.do
No se extrañe, el caos estatal llega hasta la división del territorio nacional en regiones. En el país hay 11 organismos públicos con sus propias divisiones regionales, a pesar de que hay un decreto que estableció una sola. Es como si cada una de estas instituciones quisiera regirse por su propia y única norma.

El coordinador de la Comisión de Oficialías de la  Junta Central Electoral (JCE), José Ángel Aquino Rodríguez, advirtió que es inaplicable la Ley 318-07 sobre Amnistía de Declaraciones Tardía.

Aquino dijo que esta norma contradice otras disposiciones legales vigentes, por lo que su aplicación pondría en grave riesgo a los niños y niñas del país, afectando además la seguridad jurídica del régimen del registro civil.

Aquino Rodríguez explicó que la  referida ley tiene la debilidad de que permite que personas sin identificación declaren a cualquier menor como su hijo o hija,  lo que atenta contra las medidas implementadas por ese organismo para eliminar las suplantaciones de identidad.

Además, dijo, contradice disposiciones legales vigentes, como el Código 136-02 para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley de Cédula de Identificación Personal número 6125 y la Ley 985 sobre Filiación de los Hijos Naturales.

Recuerda que República Dominicana se encuentra entre  los países  de mayor riesgo en cuanto al tráfico internacional de niños y de niñas, por lo que es improcedente permitir las declaraciones de paternidad sin una identificación precisa de los progenitores o sin establecer claramente los vínculos de filiación del menor.

Mediante una declaración de prensa enviada a HOY, precisó que el país fue colocado en el nivel de vigilancia 2 en el informe oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre tráfico de personas denominado “Trafficking in Persons Reports 2006-2007”.

Asimismo, señaló que la oficina de la UNICEF, en Santo Domingo ha realizado estudios que dan cuentas de la gravedad del tráfico de niño y niñas dominicanos hacia el exterior, así como de niños y niñas haitianos hacia el territorio nacional.

Aquino Rodríguez señaló que los proponentes de esa ley fueron advertidos por la Junta Central Electoral de las graves distorsiones que contenía el proyecto  normativo y de que sus disposiciones no se ajustaban a los programas y esfuerzos que desarrolla el organismo  conjuntamente con la UNICEF y el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el propósito de eliminar el subregistro en el país.

“La Junta Central Electoral llegó a proponer ante el Honorable  Senado de la República una reforma a la iniciativa legislativa a fin de hacer factible su aplicación, sin embargo, la misma fue desestimada sin ni siquiera estudiarse su contenido”, sostuvo.

 Aquino, sin embargo, consideró positivo  que la mencionada normativa se coloque bajo la autoridad y control de la Junta Central Electoral ese proceso.