La descomposición social, que tiene a la delincuencia entre sus más fastidiosos exponentes, ha alcanzado niveles tales que ya no hay sosiego ni siquiera en aquellos lugares por los que la gente siente especial respeto, por cuestiones de fe.

Para tener una idea, basta señalar que en el 2011 fueron saqueados en Santiago 23 templos de la Iglesia Católica.

Los delincuentes sustrajeron pertenencias de mucho valor para los templos, incluyendo plantas eléctricas, equipos de sonido y otras pertenencias.

En otros lugares del país, incluyendo la capital, por supuesto,  la situación ha sido parecida, y las sustracciones han perjudicado tanto a templos católicos como iglesias de otras denominaciones.

Los robos en templos se suman a las profanaciones que delincuentes cometen en los cementerios para robar féretros, floreros, candelabros, cruces y otros.

Muchos deudos deterioran a propósito los ataúdes al momento de sepultar a sus difuntos, con tal de evitar que las tumbas sean profanadas para robar los féretros. En muchas iglesias, sacerdotes y pastores alertan a los feligreses sobre los riesgos de ser asaltados a la llegada, la salida o en el trayecto. El deterioro social es tal, que ya no hay sosiego ni siquiera  en los lugares venerados por la gente y reservados  al ejercicio de la fe religiosa.

Presupuesto judicial

El Poder Judicial, que ha sido objeto de una especie de reingeniería funcional, necesita que se hagan adecuaciones estructurales y operativas acordes con las necesidades actuales.

El doctor Mariano Germán, presidente de la  Suprema Corte de Justicia  y del Consejo del Poder Judicial, ha observado ya que la baja asignación económica y los bajos salarios de los jueces impedirán que ese poder pueda desarrollarse como necesita el país.

Sus planteamientos nos indican que es necesaria una revisión de las necesidades del Poder Judicial, sus dependencias y, sobre todo, el personal de la judicatura. La probidad de muchos jueces debe ser premiada con mejores salarios, como debe ser sancionada la parsimonia y venalidad de otros.

La infraestructura debe responder a las necesidades de una justicia moderna y ágil,  como debe ser.