Hoy 
Se habla mucho de austeridad en estos días. Parece ser la fórmula propicia para corregir entuertos fiscales y financieros que determinan la crisis económica de gran magnitud que limita nuestras posibilidades.
Lo que llama nuestra atención es que no se hace referencia al ahorro como política permanente del Estado, sino de austeriidad como medida coyuntural para hacerle frente a un déficit cuasi fiscal bastante significativo.
Las circunstancias que han llevado a la actual administración a considerar la aplicación de un plan de austeridad son, numeritos más o numeritos menos, las mismas que han determinado las dificultades económicas y financieras en otros tiempos. Si hay que apreciar alguna diferencia está basada en valores absolutos o relativos, en magnitudes, pero difícilmente en naturaleza. Esto obliga a diseñar medidas pensando más allá de coyunturas como las actuales.
Tomemos como referencia el subsidio del gas licuado de petróleo, que en la actualidad representa para las finanzas del Gobierno una de las cargas más pesadas y delicadas. Una distorsión grave y costosa de este subsidio es que al ser generalizado, beneficia tanto al chofer de un destartalado cacharro que se gana la vida transportando pasajeros, lo que podría tener algún grado de justeza, que al acaudalado propietario de una lujosa yipeta de alto consumo que sirve mayormente para dar placer a su propietario. Lo mismo rige en el caso del gas que compra la mujer humilde para cocer los alimentos y el que adquiere el dueño de un restaurant de lujo u otro medio lucrativo.
-II-
La razón indica que el Gobierno no debe quedarse en las medidas de coyuntura, sino diseñar y aplicar programas permanentes de ahorro y corrección de distorsiones. Así como es injusto que en cuanto al gas propano reciban el mismo trato el chofer del concho y el dueño de un vehículo de lujo; el ama de casa y el dueño de restaurant, es también injusto que el Estado otorgue para otros menesteres facilidades fuera de lo razonable.
En virtud de una ley, a cada legislador le corresponden dos exoneraciones para la importación de igual número de vehículos de motor: una cuando inician su ejercicio y otra a la mitad del período de cuatro años para el cual son elegidos. Es una facilidad razonable si se toma en cuenta el trabajo de un legislador y el hecho de que que muchos de ellos deben desplazarse a su centro de labores desde lugares muy apartados. ¿Pero, acaso se justifica que esa exoneración sea abierta, sin límite de precio? Con una exoneración de estas, otorgada a un diputado, fue adquirido un Ferrari Modena que costó US$250,000 y el Estado no recibió por su entrada al país ni un solo centavo. Está además el hecho de que aunque la ley prohíbe que sean transferidas las exoneraciones, ocurre que las mismas se venden como los mangos en el mercado.
En resumidas cuentas, el Gobierno debe aprovechar la ocasión para revisar y corregir el régimen de exenciones de impuestos y facilidades habidas y por haber que se conceden desde el Estado y que representan enormes sumas que dejan de ingresar al fisco por concepto de impuestos. ¿Quién le marchará a ese monstruo?
