Se dice que un sacerdote haitiano, Vigny Bellerive, entre los años 1987 y 1989 logró «dominicanizar» al menos a noventa compatriotas suyos, que obtuvieron sus respectivas cédulas de identidad y electoral como dominicanos. Este asunto merece que se realice una investigación bastante minuciosa, para detectar a los falsos dominicanos y al precursor de estas falsedades, develar todo el entramado que propiciaba estas operaciones y establecer complicidades que emitieron o facilitaron que fueran emitidas las falsas actas de nacimiento.

La Junta Central Electoral, que ha destapado este escándalo, tiene que emplearse a fondo para poner a la vista todas las piezas que articulaban en estas acciones.

Se sabe que un acta de nacimiento dominicana es para cualquier haitiano un documento codiciado, pues facilita, al menos, una estada libre de sobresaltos en territorio dominicano. La ocurrencia de que estamos hablando pone de manifiesto esa realidad, tan contundente que llegó a inspirar a un sacerdote para involucrarse en una «dominicanización» masiva de haitianos.

Para que una operación de falsedad como esta pudiera funcionar exitosamente debieron intervenir complicidades que hicieran aparecer como buenos y válidos los documentos o argumentos presentados para obtenerlos. La JCE tiene, pues, el deber de investigar este caso para que se castigue a sus autores.

Aporte incriminatorio

El grupo cívico Participación Ciudadana ha hecho un aporte valioso a la sociedad al divulgar un estudio que revela que en 44 años los gobiernos del país han abandonado 1,132 obras públicas.

Este informe sin duda alguna incrimina el modelo de ejercicio del poder de muchos personajes y partidos, desde el estilo omnímodo del tirano Rafael Trujillo hasta el decurso democrático iniciado en 1961, con todos sus accidentes históricos conocidos y por conocer.

No hay forma de justificar que un Gobierno inicie una obra y no sea terminada por el mismo o por el o los que le sucedan, pues se reputa que todo proyecto de obra corresponde a una necesidad.

Este informe incrimina el ejercicio del poder porque pone de manifiesto que los dineros del Estado no han tenido, en 44 años, defensores ni dolientes que impidieran que una práctica como la que nos ocupa se fuese sucediendo de período en período.

El abandono de obras de una cuantía conjunta tan alta debería motivar cambios profundos en los métodos de concepción y adjudicación de proyectos con recursos públicos, y una revisión crítica con vocación correctiva de los criterios con que son identificadas las prioridades desde el poder.

Una buena parte de estas obras quedaron inconclusas y abandonadas desde que fueron alcanzados los objetivos proselitistas que motivaron su concepción y la promesa de erigirlas. A partir de entonces dejaron de tener dolientes.

Por algo se nos atribuye un lugar prominente entre los países con mayores índices de corrupción.