En los últimos años el país ha trabajado intensamente en el reforzamiento de su institucionalidad. Eso es innegable.

Se han emprendido reformas en diversos órdenes, unas muy tímidas y otras que pretenden ser profundas, y están en planes otros cambios.

Sin embargo, y aunque nos caiga mal que lo digan embajadores de países amigos, tenemos que admitir que estamos muy lejos de tener toda la entereza jurídica que requiere la administración de un Estado moderno. Sería ridículo tratar de ocultar esta realidad que se manifiesta frecuentemente, no a través de la retórica de diplomáticos, sino por medio de la evidencia de la práctica.

Aquí muchos litigios judiciales por disputa de propiedades tienen y han tenido lugar por la debilidad de los registros. El propio Estado no ha estado en condiciones de recuperar bienes inmuebles usufructuados irregularmente por terceras partes, entre éstas extranjeros que han logrado declararlos como propios.

-II-

No es de estos tiempos que se denuncia que no hay un control riguroso en materia de propiedad inmobiliaria. En este contexto, son muchos los extranjeros que han adquirido tierras a través de operaciones poco transparentes.

Por el otro lado, cada operación irregular en materia inmobiliaria tiene, por necesidad, una contrapartida en corrupción. No hay manera de ejecutar actos de esta naturaleza sin la participación de autoridades de la jurisdicción de registro de propiedad.

No parece sano que armemos una bravata porque tres diplomáticos hayan dicho públicamente que tenemos debilidades jurídicas que debemos corregir para poder garantizar las inversiones extranjeras.

-III-

Uno de nuestros graves problemas consiste en no respetar ni hacer respetar las reglas de juego. Si, por ejemplo, el propio Estado no ha estado en condiciones de hacer cumplir obligaciones tan elementales como la declaración jurada de bienes de sus funcionarios, mucho menos podría impedir otras prácticas irregulares en perjuicio del ordenamiento jurídico.

Estamos en épocas en que la transparencia es una regla de juego ineludible para los estados. La globalización así lo establece y no hay forma de que un Estado pueda escapar de las reglas de este esquema.

Tratados como el que involucra a República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) nos obligan a adecuar nuestra estructura de garantías jurídicas en todos los ámbitos de comercio y propiedad intelectual.

El Estado ha trabajado en las adecuaciones requeridas para entrar en este y otros esquemas de comercio libre global, pero aún nos falta tarea por hacer. Podría resultarnos descortés que embajadores de países amigos critiquen nuestras debilidades, pero su eventual descortesía no anula esas debilidades. Hagamos lo que tenemos que hacer para fortalecer las garantías jurídicas, pero sin incurrir en el más mínimo sacrificio de nuestra soberanía.