EZEQUIEL GARCÍA TATIS
Como resultado de las recién pasadas elecciones congresionales y municipales, ciento cincuenta y un síndicos asumirán sus funciones en el gobierno de los ayuntamientos que rigen las demarcaciones territoriales locales que integran el área espacial que ocupa la República Dominicana en la isla de Quisqueya.

La gran mayoría ocupará esas funciones por primera vez, otros, una minoría, fueron reelectos en la boleta electoral de sus partidos o en la boleta de otros partidos, donde fueron acogidos luego de haber renunciado de la agrupación política por la cual ejercerán hasta el próximo 16 de agosto, o por haber perdido las elecciones internas de sus partidos y pasado, con sus seguidores, al partido contrincante principal de su parcela política original. Tanto los unos como los otros ejercerán sus gestiones con regidores nuevos o, por lo menos, en gran medida distintos a los que les acompañaron en su gestión que finaliza el 16 de agosto venidero.

En el gobierno municipal estos administradores del área territorial comunal deben hacer frente a las tareas siguientes.

1.- Elevar las recaudaciones provenientes de los ingresos locales, de las contribuciones de empresas que operan recursos existentes en sus municipios y de las asignaciones del gobierno central, según lo disponen leyes vigentes.

2.- Elaborar presupuestos que reflejen el mejor uso de los fondos municipales, conforme las prioridades en gastos fijos, servicios y obras que puedan ser ejecutados con los fondos estimados por cada Ayuntamiento.

3.- Programar la ejecución de tareas ordinarias, así como de su seguimiento e inspección. Entre tales tareas se encuentran: recogida y disposición de basura; ornato de calles, solares y edificaciones; verificar la dotación de agua y electricidad a los diferentes sectores; solucionar la recolección, conducción y tratamiento de las aguas negras, y la canalización de las aguas pluviales hacia los ríos, cañadas o hacia el mar, o, mediante pozos subterráneos, a las corrientes del subsuelo.

4.- Determinar, en sesiones de la Sala Municipal, las actividades de mayor importancia a tener en cuenta para la mejor operación del Ayuntamiento y para el mejor desempeño de las áreas urbana y rural de su demarcación territorial. En esa reunión en Cabildo Abierto podrían constituirse juntas de planificación. Estas serían integradas por representantes de las distintas actividades del comercio, de la industria, del transporte, del magisterio, del ejército y de la policía locales, de los productores agrícolas y pecuarios, de los pescadores, de las cooperativas y de las juntas de vecinos; es decir, de todos los que constituyan o de alguna forma coadyuven a la formación del producto interno de ese municipio.

5.- Elaborar y aprobar planes de desarrollo urbano que encaucen el crecimiento de la ciudad y que establezcan las normas de localización de los proyectos que se ubicarán en las áreas urbana y rural.

6.- Seleccionar distintos diseños de vivienda (que podrían elaborar estudiantes de término con vocación para la arquitectura y la ingeniería) que cumplan con las mejores formas, tamaño y distribución de las diferentes áreas, iluminación de toda la casa y satisfactoria circulación del aire. Estos modelos de vivienda y de mejora de viviendas podrían ofrecerse gratis a los munícipes que tengan el propósito de construir una vivienda y carecen de fondos para pagar un arquitecto, a fin de que seleccionen el diseño que más le convenga y construyan su casas con racionalidad.

Los síndicos correspondientes de una determinada provincia deberían efectuar sesiones de coordinación, una o dos veces por año. Así, podrían aunar criterios respecto a proyectos cuya ejecución y operación sobrepasa el ámbito municipal e incluso, podrían coordinar con los (las) gobernadores (as) celebrar una reunión regional cada año o cada dos años. Así, coordinarían sus solicitudes al Gobierno Central para la ejecución y operación de proyectos con impacto regional. A estas reuniones podrían invitar a representantes de las más importantes actividades del sector privado, así como a entidades internacionales que tendrían algún tipo de participación y aporte en la ejecución de los proyectos regionales.

La anterior coordinación de actividades a nivel provincial y regional es de gran utilidad, considerando la necesidad de aunar esfuerzos, de priorizar las inversiones públicas y privadas, de ahorrar, en la medida de lo posible, fondos para usarlos donde produzcan el mayor efecto multiplicador en la economía, el más eficiente impacto social y que resulte en la más alta producción y el menor daño al medio ambiente. Todo esto tomando en cuenta que estamos a las puertas de actuar integrados a un Tratado de Libre Comercio que nos exigirá los mayores retos en cuanto al mejor uso de los recursos, alta competencia y, en definitiva, dar respuestas como un país integrado, identificado con sus recursos y con sus valores.

Lo contrario sería actuar aislados como economías autárquicas, lo cual resulta actualmente fuera de contexto y, al mismo tiempo, totalmente equivocado porque hoy la autarquía ni China ni Estados Unidos pueden practicarla.