La falta de regulación y control en las altas tarifas que aplica el puerto multimodal Punta Caucedo a sus servicios es el resultado del hecho de que la Autoridad Portuaria otorgó a los inversionistas de esa terminal el privilegio de establecer sus propias tarifas, en detrimento de los usuarios.

El planteamiento fue hecho por el licenciado Luis Sánchez Díaz, ex-colector de aduanas en los cinco puertos principales del país.

Al ser entrevistado por la sección económica de Hoy, Sánchez Díaz afirmó que la concesión que hizo la Autoridad Portuaria a Caucedo, a través de adendum tarifario firmado por ese organismo con la operadora de ese megapuerto, ha implicado el abandono de la autoridad portuaria a su papel de regulador del servicio marítimo-portuario del país, consignado en la ley 70, de 1970, y las modificaciones establecidas en la ley 169, del 17 de mayo del 1975.

Esto ha provocado que, contrario que a lo que ocurre en Haina Oriental, donde los costos operativos son asumidos por las agencias navieras por cuenta de las líneas internacionales de carga, en el caso de Caucedo, estos costos son cargados a los usuarios del servicio.

Sánchez Díaz afirmó que esto está trayendo como consecuencia la pérdida de competitividad del país en materia de transporte marítimo en la región debido a los altos costos y a la ineficiencia en el servicio.

Explicó que el origen del curso que han tomado las operaciones del puerto multimodal Caucedo, está en el hecho de que fue concebido como una infraestructura de parque de zona franca, con puerto incluido, pero esta función fue desvirtuada a través del contrato de concesión, que le permitió manejar carga general de importación y competir de manera desleal con los demás puertos del país.

Explicó que la ley que crea la Autoridad Portuaria establece en su artículo 4, literal b, que ese organismo tiene como función «controlar y fiscalizar la explotación, operación y mantenimiento de los puertos marítimos de carácter privado, construidos o explotados por particulares en uso de concesiones o arrendamientos otorgados por el Estado Dominicano».

Asimismo, dijo que el literal d) del mismo artículo faculta a ese organismo para «planificar y realizar la política portuaria que señale el poder ejecutivo, para cuyo objetivo la Autoridad de Puerto será su asesor técnico.

Sostuvo que entre sus atribuciones de Autoridad Portuaria, establecida en el artículo 9, literal d) «está fijar, previa autorización del Poder Ejecutivo, las tarifas que deben cobrarse por venta de servicios a los buques, las mercaderías y a los usuarios en sentido general».

Asimismo, dijo que Autoridad Porturia tiene la potestad de controlar y fiscalizar la explotación, operación y mantenimiento de los puertos marítimos de carácter privado, construido o explotado por particulares en calidad de concesiones o arrendamientos privados otorgados por el Estado Dominicano.

«Es deber y responsabilidad dar respuestas a la preocupación de los sectores comerciantes importadores e industriales del país, que están cuestionando los niveles de costos desproporcionados, encareciendo los servicios operativos de puertos, también es su responsabilidad preservar la institucionalidad y transparencia administrativa que permitan el desarrollo equilibrado y armonioso de esta actividad en el país, bajo normas legales, seguridad, y competitividad, que haga atractivo el transporte marítimo internacional desde y hacia la República Dominicana», explicó.

Dijo que originalmente Caucedo fue concebido para competir con otros puertos ya establecidos en la región, tales como: Kingston, Jamaica; Freeport, Gran Bahamas; Colon, Panamá; Miami, Florida; y Puerto Cabello, Venezuela, además, de los que existen y puedan establecerse en el país.

Agregó que en el artículo 4 párrafo 1 del adendum al contrato tarifario acordado entre Autoridad Portuaria y la Operadora del Megapuerto Caucedo, autorizada a ésta a cobrar por sus servicios, según las tarifas que serán establecidas a su propia discreción, de conformidad con el artículo 10 de la ley 8/90 de Zona Franca.

También podrá simplificar las tarifas que cobra APORDOM en los Puertos Nacionales, comprometiéndose a que la tasas resultantes no serán inferiores en su totalidad a las que imperen en los demás Puertos Nacionales, a fin de evitar hacerles competencia desleal.

Explicó que el problema se ha generado porque, no obstante estar concebido originalmente el proyecto según lo establece el decreto 29/98 citado, como Zona Franca Multimodal Caucedo, centro de acopio y distribución regional de mercancías, con interconexión entre los medios de transporte aéreo, marítimo y terrestre, Apordom suscribió el contrato no. 107/99 con la Operadora de la misma para la construcción, dirección, administración y explotación del puerto marítimo con carácter privado para uso comercial y de la referida Zona Franca, por cuenta y riesgo exclusivo de la Operadora, como se lee en el artículo 2 de dicho contrato.

Consideró que la construcción de la moderna infraestructura dotada de las facilidades necesarias, de acuerdo a la concesión suscrita, manejará todo tipo de carga de importación, exportación y reexportación, así como la recepción de las embarcaciones marítimas u otros medios de transporte, citados en el literal a), artículo 4.

«Es de señalar que el decreto solamente contempla la autorización al Megapuerto para la recepción y exportación de dicho complejo de zona franca. Y el contrato concesión de APORDOM, autoriza el manejo de carga local de importación, pudiendo establecer sus propias tarifas de servicios», explicó.

Dijo que esta disposición en términos de manejo de carga constituye un monopolio de los servicios marítimos en el país, violatorios a la Constitución de la República, que traerá como consecuencia el descalabro financiero de APORDOM, que ha a cavado su propia tumba, ya que actualmente el 100% de la carga contenerizada del puerto de Haina margen Occidental se está operando por el Megapuerto, así mismo, las principales líneas de cargas que actualmente operan por el puerto de Haina Oriental, las que no se han trasladado están en proceso de hacerlo, lo que representará una disminución de aproximadamente un 70% de la carga por este puerto.

(La segunda parte a la entrevista de Luis Sánchez Díaz será publicada en la edición de mañana).