La tasa de 3.5% sobre el promedio de ingresos de las empresas incluida en el proyecto de ley que se conoce en el Congreso Nacional tendente a aprobar el presupuesto complementario y que incluye una amnistía fiscal, podría impedir que algunas pequeñas y medianas empresas puedan acojerse a ese beneficio.

Así lo afirmó el experto en temas fiscales José Segura, al ser consultado sobre por HOY sobre el tema.

Segura recordó que la solicitud de una amnistía fiscal por parte de representantes del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) llegó con modificación introducida mediante el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional sobre el presupuesto complementario.

Explicó que de acuerdo a dicho proyecto: “Las personas físicas o jurídicas con contabilidad organizada que se acojan a la presente ley modificando sus balances generales, y que sean contribuyentes del ITBIS, tendrán la opción de cerrar los ejercicios fiscales no prescritos de estos impuestos”.

Agregó que esa amnistía venía siendo solicitada, especialmente por las Mipyme, a raíz de la entrada en vigencia de Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo que incluye como infracción precedente o determinante el delito tributario.

Puntualizó que aunque en febrero de 2020 se aprobó la 46-20 de Revalorización Patrimonial y Transparencia, que permite transparentar y regularizar patrimonio, esa pieza no constituía una real amnistía, por lo que algunas personas o empresas no mostraban mucho interés en acogerse a las facilidades otorgadas por esta ley.

No obstante, explicó que con esta nueva propuesta de amnistía fiscal se libera de fiscalización los años 2017, 2018 y 2019 a los contribuyentes que se acojan y paguen un 3.5% de impuesto sobre el monto promedio de los ingresos operacionales netos declarados en esos años.

Además, se otorgan facilidades para deudas atrasadas, eliminando recargos e intereses, lo que constituye un alivio para los contribuyentes a los que la Administración Tributaria les haya realizado alguna determinación o que no hayan podido pagar una deuda contraída con el fisco.

“En resumidas cuentas, los comerciantes y empresarios han sido escuchados por las nuevas autoridades y tendrán la posibilidad de regularizar su situación fiscal, sin embargo, los análisis que hemos realizado a las declaraciones de algunas empresas a las cuales tenemos acceso, muestran que la tasa del 3.5% sobre el promedio de ingresos de los años incluidos en la amnistía resulta muy elevada, lo que podría impedir que algunas se acojan a la ley”, dijo el experto en temas fiscales.