También se ventiló una acción contra el decreto que establece un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina

El Tribunal Constitucional (TC) conoció ayer y dejó en estado de fallo una acción directa de inconstitucionalidad contra la ley que permite a los legisladores importar vehículos exonerados de impuestos.

El recurso fue sometido por la fundación Transparencia Total por la Democracia (Trato) contra el artículo 1 de la Ley 57-96, que modifica el artículo 2 de la Ley 21-87.

La Ley 57-96 establece que “cada legislador importará libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, CIF, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc., así como también cualquier restricción o prohibición existentes”.

La fundación alega que esta legislación violenta el derecho a la igualdad, las disposiciones constitucionales sobre el régimen tributario y las exenciones de impuestos, así como las atribuciones del Congreso Nacional.

En cambio, el abogado de la Cámara de Diputados solicitó al tribunal que el artículo 1 de la Ley 57-96 sea declarado conforme a la Carta Magna por “no verificarse una violación” a las disposiciones constitucionales mencionadas.
Mientras que la abogada del Senado expresó a la alta corte que dejaban el caso a la “soberana apreciación” del TC.

Otros expedientes
En la audiencia de ayer, el Tribunal Constitucional también se reservó el fallo de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) contra el decreto que crea un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Además, conoció una acción que el señor Cirilo de Jesús Guzmán López presentó contra el artículo que regula el recurso de casación en el Código Procesal Penal.

Por último, la alta corte dejó en estado de fallo un expediente en el que diversas asociaciones empresariales impugnaron una resolución del Ayuntamiento de Higüey sobre uso de suelo.