TC conocerá recurso violación 4% PIB a Educación

TC conocerá recurso violación 4% PIB a Educación

El Tribunal Constitucional conocerá un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las madres de dos estudiantes de una escuela pública, en contra del artículo 56 de la Ley 294-11 sobre Presupuesto General del Estado para este año, en el cual se  recortan los fondos correspondientes al ministerio de Educación.

Los jueces fijaron para el lunes 18 a las 9:00 A.M. la audiencia pública para conocer la acción judicial de las señoras Juana Dinorah De la Cruz y Yinerkis Polanco González, quienes actúan en nombre de sus hijas Lilibeth Dinorky Morin y Casri Esther Cruz, ambas estudiantes de una escuela pública deteriorada.

El recurso fue interpuesto por las damas a través de sus abogados Reemberto Pichardo Juan, Alejandro Alberto Paulino Vallejo y Hermes Guerrero Báez, integrantes del movimiento cívico Ciudadanos Contra la Corrupción (C3).

La notificación de la citación, que fue expedida por la Secretaría General del Tribunal Constitucional el  28 de mayo, indica que la audiencia pública se celebrará en la Sala Augusta del séptimo piso de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El artículo 56 de la Ley de Presupuesto General indica: “se establece con carácter transitorio para el ejercicio fiscal 2012, un monto de gasto en educación inferior al que dispone la Ley 66-97, de fecha 9 de abril de 1997”.

A juicio de los abogados de las demandantes, el artículo establece una derogación transitoria del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al ministerio de Educación durante este año, lo que viola la legislación educativa que tiene 15 años.

Sostuvieron que la Ley de Presupuesto viola los artículos 5, 7, 8, 26, 38, 56, 63, acápites 4 y 10; 74, acápite 3; 112; 147; 233, de la Constitución, en los que se consignan los derechos a la educación, calidad de la educación, derecho a la dignidad de los estudiantes de escuelas públicas, porcentaje de legisladores presentes requerido para aprobar leyes orgánicas e interés superior del niño.

De igual forma, desconoce el artículo 197 de la Ley 66-97 de Educación, que ordena destinar un mínimo de 4% de PIB al sector.

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