El Tribunal Constitucional conoció un recurso de inconstitucionalidad elevado por Pecom Abogados Consultores y Wandelpool & Asesores Legales en contra del artículo 101 de la recién entrada en vigencia ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito, que limita a 65 años la edad para los choferes del transporte público, por entender que la misma vulnera un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo.
Al recurso se adhirió de manera voluntaria la Cámara de Transporte Terrestre de la República Dominicana (Cantt) que pidió se elimine el referido artículo. Indicó que la nueva ley, en su esfuerzo de presentarse como una ley de modernidad ha condicionado la expedición del permisos para conducir transporte público a que la persona al menos tenga la educación básica y que esté en un rango de edad de 21-65 años.
La Cantt indicó que según la Oficina Nacional de Estadística, en un informe del 2016, establecía que unas 175,310 personas económicamente activas que están ocupando o buscando un empleo, tienen más de 65 años.
También reseñó el caso del Perú, que está en el mismo proceso de modernización del sistema de transporte, donde el 5 de enero de este año el Ministerio de Transporte decidió aumentar de 70 a 80 años de edad para la expedición de licencia de conducir de vehículos de transporte público y de carga, que surgió como una adecuación a la ley a una realidad social de la región.
La Procuraduría, así como la Cámara de Diputados, pidieron se declare inadmisible dicho recurso, mientras que el Senado dejó a consideración de los jueces.
El tribunal concedió un plazo de 3 días al accionante para que se pronuncie sobre la intervención voluntaria y su contenido, y tres días a la autoridad de la cual emana la norma atacada, Cámara de Diputados y Senado de la República, y tres días posteriores al representante de la Procuraduría para que presenten sus conclusiones.