El Tribunal Constitucional (TC) emplazó al Ministerio de Medio Ambiente, para que en tres meses emita el reglamento que establezca la prohibición de la exportación de desechos provenientes de las baterías de ácido de plomo usadas (BAPU), que se generan en el país, en cumplimiento de los artículos 80, 104 y 105 de la Ley número 64-00 que regula a la institución.
Con su decisión, la alta corte revocó una sentencia de amparo dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), cuya revisión constitucional solicitó Verde Eco Reciclaje Industrial, S.A. (Veri).

También le fijó un astreinte de RD$5,000 por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en favor de la empresa VERI.
El conflicto. Se originó a raíz de que VERI solicitara a Medio Ambiente y a su entonces ministro, Bautista Rojas Gómez, emitir el instrumento normativo que prohiba las exportaciones de baterías de ácido de plomo usadas (BAPU), que son recolectadas y almacenadas en el país para dicha finalidad, en cumplimiento del “Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”, aprobado por el Congreso Nacional en el 2000. Ante el incumplimiento por parte de Medio Ambiente, la empresa VERI interpuso una acción de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le fue rechazada mediante la sentencia 00535-2014, que acaba de recobrar el TC.