Tras rechazar una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los juristas Hermes Guerrero Báez y Reemberto Pichardo Juan, contra el decreto 487-08, que regula el indulto, el Tribunal Constitucional (TC) exhortó al Congreso Nacional a “subsanar , con la aprobación de una ley, un “vacío” que hay en el mismo.

La acción de inconstitucionalidad contra el referido decreto emitido el 22 de diciembre de 2008 por el entonces presidente Leonel Fernández, obedece a que el mismo “incurre en la omisión de la columna vertebral del numeral 27 del artículo 55 de nuestra Carta Magna”, según sus atacante.

Señalan Guerrero Báez y Pichardo Juan, que la facultad que le confiere al Poder Ejecutivo para “conceder el beneficio del indulto, ya sea total o parcialmente, puro y simple o condicional, a personas que, mediante sentencias que hayan juzgado de manera definitiva e irrevocable, hayan sido condenadas a cumplir una o varias penas …., con arreglo a la ley”.

Error en el Decreto. Deviene contrario a la Constitución cuando el mismo omite en su parte in-fine “con arreglo a la Ley”, de acuerdo con los juristas.