El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, reveló ayer que de 976 expedientes fallados, de enero a octubre de este año, 242 fueron en materia de amparo, es decir, sobre derechos fundamentales, lo que equivale al 25 % de los casos resueltos.

El magistrado ofreció la información al encabezar, acompañado del presidente Luis Abinader, una audiencia solemne, en el Auditorio Menor del Instituto Politécnico Loyola, con motivo del 180 aniversario de la Carta Magna.

En ese contexto, el titular del TC reafirmó su compromiso en aras de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

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Derechos fundamentales

En el acto, cada magistrado expuso sobre derechos fundamentales consagrados.

Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al derecho al medio ambiente, establecido en el artículo 67, indicando que el ejercicio del mismo va de la mano con la sostenibilidad, la restauración y la preservación. Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta, habló sobre el derecho a la libertad de expresión e información, consagrado en el artículo 49 de la carta magna, al que calificó como pilar de la democracia.

Domingo Gil expuso acerca del derecho al trabajo, establecido en el artículo 62 de la Constitución, e indicó que, junto al Código de Trabajo, reconoce un conjunto de derechos mínimos vitales “que han conquistado los trabajadores durante más de dos siglos de lucha incesante”.

En tanto, Fidias F. Aristy Payano se refirió al artículo 37, sobre el derecho a la vida.

Dijo que esta alta corte garantiza su permanencia rechazando toda manifestación que tienda a establecer la pena de muerte o cualquiera otra forma que esté dirigida a restringir “el derecho más preciado del que gozan todas las personas”.

El derecho a la propiedad fue tratado por José Alejandro Ayuso, mientras que Alba Luisa Beard Marcos expuso sobre el derecho a la intimidad y el honor personal, que se encuentra consagrado en el artículo 44 de la norma suprema. Precisó que corresponde a todos los poderes públicos su protección y, correlativamente, constituye un compromiso del Estado democrático y de los particulares contribuir a la preservación de los mismos y sus garantías.

Manuel Ulises Bonnelly Vega se refirió al derecho a la igualdad, dispuesto en el artículo 39 de la carta magna. Espera que los poderes del Estado tengan siempre presente que están llamados a dar pasos firmes para reducir cualquier brecha existente en la República Dominicana.

Sonia Díaz Inoa hizo énfasis en el derecho a la salud, establecido en el artículo 61 de la Constitución, sobre el cual afirmó que la plena realización del mismo es una de las tareas esenciales de los Estados sociales y democráticos de derecho. Aclaró que esto supone «retos significativos para los gobernantes y para quienes tenemos la responsabilidad de garantizar su justiciabilidad».

Army Ferreira trató el derecho a la libertad y seguridad personal, consagrado en el artículo 40 de la Constitución, del cual afirmó que es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Amaury Reyes Torres indicó que el derecho al libre desarrollo a la personalidad, establecido en el artículo 43, constituye, junto a la dignidad e igualdad, uno de los pilares fundamentales en una democracia republicana.

María del Carmen Santana de Cabrera se refirió al artículo 55 de la Constitución, que consagra los derechos de la familia. Asimismo, José Alejandro Vargas Guerrero se pronunció sobre el derecho a la protección de los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, con discapacidad y menores.