El Tribunal Constitucional ordenó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a la Procuraduría General de la República el cese del uso en los tribunales, medios públicos y oficiales de la denominación «operación Medusa» o «caso Medusa».

La disposición está contenida en la sentencia número TC/0225/25. La sentencia responde a un amparo interpuesto por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado en dicho proceso judicial, para que se revoque el fallo 060-2022-SSEN-00041, emitido por el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional en abril del año 2022.

La defensa del exprocurador interpuso el amparo para que se elimine las citadas denominación, ya que, según aseguraron, «vulnera la dignidad humana» de Jean Alain, y constituye un trato cruel e inhumano, una afectación a su honor y buen nombre.

Siete admiten imputaciones

Siete involucrados en hechos de corrupción administrativa admitieron la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra en el proceso judicial de la Operación Medusa, que tiene como principal implicado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.

Los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez admitieron su culpabilidad luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual colaborarán con el proceso.

El Ministerio Público entregó un ejemplar de los acuerdos al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce la audiencia preliminar, así como a la defensa técnica de los acusados.

Al referirse al proceso, la fiscal Rosa Alba García Vásquez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca), dijo que “en base al acuerdo que hemos aportado, nosotros vamos a solicitarle a usted como juzgador que proceda a acoger el acuerdo pleno en virtud de las disposiciones de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal, en razón de que los acusados han admitido los hechos presentados en la acusación depositada por el Ministerio Público en fecha 2 de julio de 2022, así como los hechos establecidos en la querella penal con constitución en actor civil y concretización de pretensiones civiles”, dijo García Vásquez en el tribunal.