Como “inadmisible” declaró el Tribunal Constitucional (TC) la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) contra el reajuste en los precios de los servicios que ofrece Industria y Comercio mediante la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad (Digenor).

Los comerciantes detallistas de gasolinas se oponen a esos aumentos dispuestos mediante Resolución número 120, del 20 de noviembre de 2004, por considerarlos como impuestos.

Sin embargo, Industria y Comercio los justificó afirmando que durante la administración pasada “la economía sufrió duros golpes en su estabilidad” así como un aumento significativo en los niveles de inflación, y los servicios ofrecidos por la Digenor exigen de recursos económicos “justos” para ser llevados a cabo de una manera eficiente, oportuna y de calidad competitiva.

Nuevos precios. Los permisos para la operación de plantas envasadoras de gas fueron elevados a RD$300,000; para estaciones expendedoras de gasolinas, a $500,000; y a $30,000 la renovación de permisos de operación de plantas.

Industria y Comercio además incrementó en un 40% el valor de la certificación y control de calidad (sello de Digenor), al llevarlo de $20,000, a $60,000; la certificación de calidad y lotes la aumentó de $600 a $10,000; la de análisis de productos, de $2,000, a $10,000; la supervisión de sellos al interior del país costará $4,000, y la supervisión para certificación de lotes la elevó de $450, a $1,500.